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MADRID

Medidas de Sánchez: Ley de Secretos Oficiales y control de medios

Los ministros Félix Bolaños y Ana Redondo.
Los ministros Félix Bolaños y Ana Redondo. (A. MARTÍNEZ | EUROPA PRESS)

El ‘‘Plan de acción por la democracia’’ aprobado ayer por el Consejo de Ministros español plantea crear un registro de medios de comunicación para conocer sus propietarios y la publicidad que reciben, promete aumentar la transparencia institucional y apuesta por perseguir la desinformación con reformas legales.

El proyecto, que incluye 31 medidas y que se plantea ejecutar en los tres años que quedan de legislatura, recoge medidas prometidas desde hace años a los socios parlamentarios, como la reforma de los delitos de injurias a las instituciones del Estado u ofensas a los sentimientos religiosos, y la «actualización» de la Ley de Secretos Oficiales, una demanda reiterada en Euskal Herria y especialmente por las víctimas de guerra sucia.

Cabe recordar que la norma vigente es franquista (de 1968) y no establece plazos de prescripción. Y tampoco hay que olvidar que en todos los Gobiernos de Sánchez se ha verbalizado este compromiso, sin llegar a materializarlo pese a los diferentes globos-sonda lanzados. De hecho, hay un proceso de reforma ya en marcha desde febrero.

El objetivo de estas medidas, manifestó el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, es ampliar y mejorar la calidad de la información gubernamental; fortalecer la transparencia, pluralidad y responsabilidad del «ecosistema informativo» y reforzar la transparencia del poder legislativo y del sistema electoral.

DEBATES

Entre las propuestas novedosas, se plantean diversas reformas legales para establecer la obligación de celebrar anualmente el «Debate del Estado de la Nación», realizar también debates electorales o publicar todos los microdatos de las encuestas electorales.

En el área de los medios de comunicación, el Gobierno español quiere que se deba publicar anualmente la inversión publicitaria por parte de todas las administraciones públicas y reformar la Ley de Publicidad Institucional para introducir criterios de transparencia, proporcionalidad y no discriminación en su asignación, garantizar sistemas imparciales de medición de audiencias y apoyar a los medios en lenguas cooficiales.