De acuerdo con la oficina de la ONU para los refugiados, en los siete primeros meses de 2024 han muerto en pateras, cayucos y otros tipos de embarcaciones precarias en su travesía a Europa al menos 1.542 personas, cifras que Acnur y la Organización Internacional para las Migraciones siempre presentan como una estimación mínima, porque reconocen que se les escapan decenas de naufragios sin testigos ni supervivientes.

De hecho, hay organizaciones muy centradas en las rutas españolas, como la ONG Caminando Fronteras, que sostienen que de enero a mayo murieron 5.054 personas en pateras rumbo al Estado español; 4.808 de ellas en la Ruta Canaria, por 175 de Baleares, 47 de Alborán y 24 del Estrecho.

Según las cifras de Acnur, el 90% de las víctimas se las reparten a partes iguales la Ruta Atlántica a Canarias y el Mediterráneo Central (fundamentalmente de Túnez y Libia a Italia), con 702 y 699 fallecimientos; el 6,93% corresponde al Mediterráneo Occidental (Estrecho de Gibraltar, Mar de Alborán y Baleares), con 107; y el 2,20% ocurrió en el Mediterráneo Oriental (de Turquía a Grecia, básicamente), con 34 de decesos.

De esta forma, la Ruta Atlántica es ya la más mortífera, tanto en números absolutos como, sobre todo, en relación al volumen de migrantes que transitan por ella. Si se compara el número de muertos con el de supervivientes de cada ruta, el resultado es el siguiente: este año, en la Ruta Canaria ha muerto una persona por cada 31 que han sobrevivido; en el Mediterráneo Central una por cada 48; en el Mediterráneo Occidental una por cada 72; y en el Mediterráneo Oriental una por cada 761.

MÁS MEDIDAS ANTIINMIGRACIÓN

Mientras, los países europeos y sus autoridades son cada vez más intransigentes con la inmigración. Presionada por la ultraderecha, en abril de este año la UE aprobó el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea que endurece los controles fronterizos y externaliza su gestión. Sin embargo, algunos países ya aplican medidas más estrictas y han pedido quedar excluidos de las normas de la UE.

Hace una semana fue el Gobierno neerlandés, en el que la extrema derecha tiene mayoría, quien anunció reformas del sistema del asilo, y medidas para limitar la entrada de refugiados, aumentar las expulsiones y solicitar una cláusula de exclusión de la legislación migratoria comunitaria. Siguiendo sus pasos, ayer fue Hungría quien confirmó que solicitará formalmente una excepción. «Tomaremos las medidas legales y administrativas que sean necesarias», señaló el ministro húngaro para la UE, Janos Boka.

La Comisión Europea ya ha mostrado su rechazo argumentando que implicaría un cambio en los Tratados.

Además, la CE ha informado que deducirá 200 millones de euros en pagos del presupuesto comunitario a Hungría, dado que Budapest no ha abonado la multa que le impuso el Tribunal de Justicia de la UE por infringir las normas europeas de asilo.

Precisamente, la inmigración fue el tema central en la reunión que ayer mantuvieron en Roma el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. El español elogió la política migratoria que aplica el Gobierno italiano calificándola como «eficaz».

Al ser preguntado por el polémico plan de Italia para la apertura de centros de recibo y retención de migrantes en Albania, Feijóo no hizo comentarios al respecto y aseguró que no quería opinar sobre las decisiones tomadas en otros países que no fueran el Estado español.