El PNV defiende que el Ayuntamiento de Getxo ha procedido «en todo momento con arreglo a la legalidad y de acuerdo con el criterio técnico de sus funcionarios» en el caso del proyecto de edificación de pisos de lujo en Algorta que ha terminado con el derribo del palacete Irurak Bat. No opinan lo mismo los grupos de la oposición, que apuntan a la «falta de compromiso» en la protección del patrimonio y «trato de favor» hacia la promotora y consideran «insuficientes» las explicaciones dadas.

Hubo expectación mediática en torno a la comisión informativa de ayer, donde el responsable de Planeamiento, Gestión y Disciplina Urbanística, Álvaro González, y el de Disciplina Urbanística, Iñigo Urkitza, ambos del PNV, insistieron en que en el expediente para la construcción de doce viviendas de lujo en la calle San Nikolas nº 11, en Algorta, han actuado «con arreglo a la legalidad», «con diligencia» y han adoptado las medidas para la preservación de la legalidad existente.

La portavoz del PSE, Carmen Díaz, escuchó las explicaciones de sus socios, sin pronunciarse después de que la semana pasada censurasen que los jeltzales les habían ocultado datos.

PP, EH Bildu y Elkarrekin Podemos no están satisfechos con las explicaciones y demandan mayor transparencia en un asunto que ha generado «indignación» en Algorta. Cuestionaron cómo actúa el Gobierno municipal PNV-PSE en la gestión urbanística, acusando a los jeltzales de escudarse tras los técnicos para no asumir responsabilidades.

La presidenta de la comisión, la jeltzale Janire Ocio, se parapetó en el reglamento para impedir que se votase, con carácter de urgencia, una propuesta de Elkarrekin Podemos para la creación de una comisión de investigación.

Desde EH Bildu exigieron que se ponga la documentación en manos de la Fiscalía. El jeltzale Álvaro González manifestó antes que las posibles acciones penales se podrán plantear en la medida en que la instructora del expediente detecte hechos delictivos.

Tanto los soberanistas de izquierda como Elkarrekin Podemos reclamaron que la empresa «no se vaya de rositas» porque «una posible sanción de 32.000 euros en una promoción de pisos de 700.000 euros» no es «ejemplarizante».

EVITAR LA IMPUNIDAD

Urkitza aseguró que no tenían conocimiento del inicio de las obras, algo que no cree la oposición, que explicaron que en febrero se iniciaron las primeras labores de desbroce y el Ayuntamiento no actuó hasta que llegaron las denuncias vecinales a raíz del derribo total del edificio de 1845.

«A la vista de los actos, comunicaciones y documentaciones presentadas nada hacía presumir el inicio de las obras y las medidas indicadas en las documentaciones aportadas fueron consideradas adecuadas por los técnicos municipales», sostuvo Urkitza.

Más adelante, indicó que, según lo manifestado por la promotora en un escrito, van a proceder a la «reedificación prevista en la licencia, manteniendo las características. del edificio preexistente de acuerdo con lo previsto en el proyecto básico aprobado».

Además, desveló que el lunes se abrió un expediente sancionador y se nombró a una funcionaria como instructora. A partir de ello, se concedió audiencia previa a los interesados. EH Bildu y Elkarrekin Podemos, informó Urkitza, se han personado.

El portavoz del PP apuntó a una supuesta posición privilegiada de la promotora, que llevó a que la Junta de Gobierno Local concediese la licencia a Biurban SL cuatro meses después de haber iniciado la tramitación, el 18 de octubre de 2022, cuando precisamente el BOB publicó que quedaba congelado el otorgamiento de nuevos permisos hasta la aprobación del nuevo Plan General.