El Ministerio del Interior español deportó a 16 de los solicitantes de asilo saharauis que estaban retenidos en el aeropuerto de Barajas, algunos de ellos desde hace un mes, una vez que han sido denegadas sus solicitudes de protección internacional, según indicó Efe citando fuentes judiciales.

El retorno se produjo en un vuelo que salió el jueves de Barajas, a las 23.50 horas, con destino a Marrakech, por lo que quedan 15 en las salas de asilo, de los que algunos de ellos ya tienen su deportación programada para mañana, en un vuelo de las mismas características.

Las fuentes explicaron que, según relatan las familias de los afectados, dos de ellos fueron detenidos por las autoridades marroquíes a su llegada y están siendo interrogados.

Todos ellos contaban con documentación que acreditaba su origen saharaui -expedida por la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) o por el Estado español a través del censo realizado en 1974- y con una recomendación favorable de Acnur para que se autorizase su entrada y pudieran completar su solicitud de apatridia (puesto que ellos rechazan la nacionalidad marroquí), paralela a la de protección internacional.

En uno de estos informes, difundido por Efe, Acnur defendía que, «dadas las limitaciones de los plazos para el procedimiento de apatridia y no siendo factible que se resuelva en un tiempo razonable durante la estancia del solicitante en el aeropuerto», recomendaba autorizar la entrada del solicitante al Estado español.

Y se apoyaba para ello en una sentencia reciente del Tribunal Supremo sobre la posibilidad de iniciar un procedimiento de apatridia mientras el solicitante se encuentre en un puesto fronterizo tramitando una protección internacional.

EL DEFENSOR DEL PUEBLO

En paralelo, el Defensor del Pueblo sugirió al Ministerio del Interior que autorice la entrada de, al menos, dos de estas mujeres y un menor retenidos en ese aeropuerto a la espera de su vuelo de retorno.

La Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) compartió ayer una carta en la que Ángel Gabilondo atiende la petición de esta entidad e informa de que se ha realizado una sugerencia en ese sentido a la Dirección General de Protección Internacional, dependiente del Ministerio del Interior.

La diputada de origen saharaui Tesh Sidi (Más Madrid) denunció ayer que el Estado español practica «una política de asilo nefasta y sujeta a no enfadar a Marruecos», recordando el caso de un saharaui sordomudo que estuvo enfermo de cáncer.

El caso de Ali Hammou, que forma parte de una asociación de discapacitados de El Aaiún, capital del Sáhara Occidental bajo ocupación marroquí, se ha convertido en el icono de esta controversia en la que chocan los derechos humanos con los intereses del Estado español. Hammou habia sido detenido previamente en por manifestarse reclamando las ayudas prometidas por su discapacidad y fue objeto de maltrato policial en 2022.