En la comparecencia para anunciar la proposición contra la Ley Mordaza, el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu recordó que 24 personas (23 según otras estimaciones) han muerto en el Estado español desde la muerte de Franco a causa de pelotazos policiales. Evidenció con ello una realidad ocultada durante décadas, incluso después del exhaustivo informe del colectivo Stop Bales de Goma. Y ha enervado a sindicatos policiales como Jupol y otros agentes ultras como Dani Esteve, de Desokupa. Su «reacción», una cascada de exabruptos e incitaciones a la rebelión policial.

Los datos son innegables. A los casos producidos en Euskal Herria en estas décadas (desde José Luis Aristizabal Lasa, de 20 años, en 1977 a Iñigo Cabacas, de 28, en 2012) se le suman otros producidos en Parla (Madrid), Cartagena, Valencia, Overa (Almería), Barcelona en el transcurso de una Diada... Sin olvidar que fue el lanzamiento de pelotas de goma por parte de la Guardia Civil lo que desencadenó la tragedia del Tarajal, con al menos catorce inmigrantes ahogados en 2014.

No se trata de casos propios exclusivamente del convulso periodo de la llamada Transición, sino que en este siglo XXI el informe de Stop Balas de Goma detalló hasta 40 casos de lesiones graves.

La proposición de ley llevada ahora al Congreso por seis grupos contempla sustituir ese material por otro menos lesivo, con lo que las pelotas de goma pasarían a la historia -triste historia-, como ya pasó en Euskal Herria tras la muerte de Cabacas.

En 2021 el consejero de Lakua Josu Erkoreka admitió que los «beltzas» seguían entrenándose con ese material por si «hubiera que usarlo como recurso de ‘ultima ratio’ en incidentes».

Al otro lado del Bidasoa la misma realidad se hizo evidente con Lola Villabriga, gravemente herida en una movilización en Biarritz.

En Euskal Herria y Catalunya hay consenso claro contra este material, pero en el Estado español los sindicatos policiales ya se están movilizando para tratar de impedir que las pelotas de goma desaparezcan.

Así, Ibón Domínguez, portavoz de Justicia Policial (Jupol), ha mostrado su «absoluto rechazo y repulsa» a la modificación de la norma del Gobierno Rajoy, alegando que acarreará «la pérdida total del principio de autoridad».

En declaraciones a EFE, Domínguez considera un «despropósito» la prohibición de utilizar pelotas de goma, ya que éstas sólo se utilizan en «manifestaciones violentas», y ha vaticinado incluso un «incremento de lesiones» tanto de los manifestantes como de los policías porque «sólo se va a poder usar la defensa en el cuerpo a cuerpo».

Desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) afirman que la restricción del uso de material antidisturbios «ya gozaba de una norma en cuanto a las situaciones, proporcionalidad y su correcto empleo», por lo que ve en ella «un palo más en la rueda de la seguridad pública y el mantenimiento del orden».

En la Guardia Civil, el cuerpo que más los ha usado entre 2000 y 2020, Jucil ha dicho que la reforma «pone en peligro la vida de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional al desarmarlos».