El Tribunal Supremo español acaba de unificar doctrina sobre la capacidad de las comunidades de propietarios para prohibir los alquileres turísticos. En dos sentencias avala que una comunidad de vecinos pueda vetar el alquiler turístico y, siguiendo el espíritu y la letra de la Ley de Propiedad Horizontal, establece como condición que haya una mayoría cualificada del 60% de los propietarios. El Supremo señala, además, que en sentencias anteriores ya se había fijado que la prohibición de determinados usos de los espacios particulares en un régimen de propiedad horizontal era legítimo y conforme a la Constitución española.

En este caso, lo más sorprendente es que haya jueces que hayan interpretado que para prohibir un alquiler turístico era necesaria la unanimidad de la comunidad. Han aprovechado que la norma habla de «limitar o condicionar» -y no de prohibir- para retorcer la letra y el espíritu de la ley y otorgar de facto derecho de veto al arrendador de la vivienda vacacional. Y es que, tal y como señala la sentencia del Supremo, desde un punto de vista práctico, si fuera necesaria la unanimidad, bastaría con la negativa de la persona interesada para que no se pudiera prohibir ningún arrendamiento turístico. Un supuesto que vaciaría de contenido la norma y haría inútil cualquier intento de la comunidad de vecinos de restringir los alquileres dirigidos a los visitantes ocasionales. Todo ello muestra los largos tentáculos de la especulación inmobiliaria y su enorme capacidad para condicionar las interpretaciones judiciales y decantar las decisiones de los juzgados.

De este modo, el Supremo ha restituido la capacidad de autogestión de las comunidades de vecinos para decidir si se permiten o no y en qué condiciones el alquiler turístico; a fin de cuentas son ellas las que padecen en primera persona las molestias y los trastornos que está ocasionando la desmesurada proliferación de pisos turísticos. Esta interpretación jurídica restablece, asimismo, la fuerza de la ley. Las comunidades vuelven a contar con un instrumento eficaz para poner coto a unas prácticas que están acabando con vecindarios enteros y encareciendo extraordinariamente los alquileres.