Desde 2023 hasta julio de 2024, los Servicios Sociales de la Diputación de Araba han recogido 31 denuncias de familiares y allegados de usuarios de centros residenciales y viviendas comunitarias, de las que 29 se han convertido en expedientes sancionadores. Entre una amplia variedad de causas que motivan las denuncias de allegados destacan el acoso a familiares por parte de trabajadores, la escasa cantidad de comida, la no administración de la medicación correcta, fugas de residentes del centro, falta de personal, perdidas de ropa, así como de dentaduras, y hasta una agresión sexual, denunciada también ante la Policía.

El diputado Foral de Políticas Sociales, Gorka Urtaran, respondió la semana pasada por escrito con el desglose de las denuncias presentadas a una pregunta de EH Bildu sobre las inspecciones en residencias.

Después de que salieran a la luz testimonios de varios familiares de residentes relatando situaciones gravísimas, recogidos también en GARA, el grupo juntero de la coalición soberanista demandó ayer al Gobierno Foral «repensar todo el modelo de cuidados» de Araba.

La portavoz de EH Bildu, Eva López de Arroyabe, anunció en la comparecencia de ayer que hoy mismo se debatirá en el Pleno de las Juntas Generales una moción para exigir más inspecciones y que se depuren responsabilidades en Arabarren, «porque hay denuncias que son realmente graves», destacó.

La portavoz soberanista insistió en la responsabilidad de la Diputación en el cuidado de las personas mayores: «Creemos que es inaceptable que tengan que ser las mismas familiares las que denuncien estas situaciones». A su modo de ver, esto «quiere decir que la Diputación no está realizando correctamente su labor», al no supervisar debidamente la actividad de los centros residenciales.

López de Arroyabe realizó, así, un llamamiento al Gobierno a «repensar todo el modelo de cuidados» del herrialde, destacando que EH Bildu apuesta claramente por un modelo de cuidados público-comunitario. Aseguró que seguirán registrando iniciativas en ese mismo sentido, más allá de actuaciones coyunturales destinadas a subsanar errores como los ya mencionados.

INSPECCIONES INSUFICIENTES

Sobre las 31 denuncias presentadas por familiares y allegados, la procuradora de EH Bildu Claudia Venceslao dio a conocer las conclusiones de la coalición sobre la labor del servicio de inspección de residencias, destacando que «no se cumple el mínimo legal de una inspección al año por cada residencia». En cuanto a las quejas, añadió que «junto a pérdida de objetos personales o falta de personal, hay otras de más gravedad como errores en la medicación, agresión sexual o violencia».

Venceslao destacó también que varios de los expedientes se refieren a la «obstrucción a la labor inspectora», que está tipificada por ley como falta muy grave, pero en los expedientes figura como archivada o tipificada simplemente como grave.

Para subsanar estas carencias, Claudia Venceslao consideró que es necesario reforzar el servicio de inspección, cuya plantilla no ha aumentado de manera proporcional al incremento de servicios experimentado en los últimos años. «Por ello, hemos presentado una moción pidiendo de forma urgente un aumento de plantilla y también que haya diferentes perfiles profesionales para poder llevar a cabo una vigilancia integral», explicó la juntera de EH Bilsu.

Asimismo, Eva López de Arroyabe mostró su compromiso firme con «el bienestar de la gente», al que se refirió como «una de las prioridades de EH Bildu».