Tras pedir en vano al Gobierno español que retirara el texto, la reforma de la ley que traslada la normativa europea sobre cumplimiento de penas a la legislación estatal será realidad el próximo lunes. La mayoría del PP en el Senado ha aplazado la cuestión hasta el último día reglamentariamente posible. Y en otra muestra de surrealismo político, ha tenido que convocarse un pleno extraordinario al efecto, con este tema como único punto en el orden del día, dado que el PP optó el pasado martes por retirarlo del pleno ordinario tras las presiones de la AVT.

A partir de las 12.00, la persona portavoz de cada grupo tendrá un turno de 10 minutos para defender su posición, lo que aprovechará sin duda el PP para escenificar su última pataleta por este caso. El PSOE le recordará posiblemente que tanto este partido como Vox han apoyado en cinco votaciones anteriores la reforma, que llevaba meses de tramitación «pacífica», en palabras del ministro Félix Bolaños.

La votación posterior será absolutamente intrascendente. Aunque el proyecto se rechace, dado que en su momento no se registraron enmiendas ni vetos, no puede ser devuelto al Congreso.

EFECTOS IRREVERSIBLES

Con ello, la reforma será publicada en el Boletín Oficial del Estado y se pasará a otra fase: la de la aplicación judicial caso por caso. Según el recuento de GARA a partir del listado de Etxerat, hoy hay 43 presos a los que les correspondía descontar el tiempo de cárcel cumplido antes en el Estado francés; llevan 20,2 años de media en prisión.

Lo que resulta ya imposible de subsanar son los efectos producidos por los 16 años de incumplimiento del criterio europeo, que se adoptó en 2008 y fue eludido hasta 2014 y trampeado desde entonces hasta ahora.

Cabe recordar que en aquel momento el número de presos y presas vascas condenados por relación con ETA era el mayor desde 1969, superando los 750. Teniendo en cuenta que alrededor de un tercio de los encarcelados en el Estado español lo habían sido antes en el francés, se puede estimar que se les han impuesto en total varios cientos de años de cárcel extra contra el criterio europeo. La cifra resultante podría llegar a los 1.000.

Algo similar ocurrió en su día con la anulación de la «doctrina Parot» en 2013: para cuando se derogó, algunos presos vascos habían recuperado ya la libertad, pero tras haber pagado una prórroga ilegal de hasta seis años.

ORTUZAR PONE EN DUDA EL «ERROR» DEL PP

En este contexto, el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, puso muy en duda ayer que el PP cometiera «un error de bulto», como asegura el partido de Alberto Núñez Feijóo, al no percatarse de que esta reforma tendrá efectos sobre los presos y presas vascas.

También apuntó a ello en el pleno del Congreso del miércoles el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, que argumentó que el PP conoce que la artimaña tejida en 2014 está siendo revisada por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea a instancias de la propia Audiencia Nacional.

«Lo sabíamos todos», aseveró Ortuzar en una entrevista a Radio Euskadi. «Era el momento de hacerlo y yo creo que está bien hecho. Y el Partido Popular lo sabía, sus juristas serán lo que sean, pero tontos no son», sostuvo. Lo que ocurre, en su opinión, es que «no preveían la escandalera» que han desatado asociaciones de víctimas de ETA desde el pasado lunes.

Sobre el fondo de la cuestión, Ortuzar consideró que «está bien hecha» la reforma porque se trata de «igualar el derecho del Estado español al derecho europeo». «Europa pasa por ser el sitio donde más democracia y más garantías hay del mundo. Y si el 80% o el 90% de los países europeos ya tienen ese régimen judicial y esas condenas, será por algo», esgrimió.