Alejandro Arcos Catalán no llegó a cumplir ni una semana como alcalde de Chilpancingo, la capital del estado de Guerrero, uno de los territorios más pobres y abandonados de México. El sexto día al frente del consistorio fue secuestrado, rematado y su cabeza quedó expuesta sobre el techo de una camioneta. El resto del cuerpo fue abandonado en el asiento del copiloto.

La muerte de Arcos Catalán ha conmocionado México, un país demasiado acostumbrado a la violencia extrema y ha supuesto una llamada de atención para Claudia Sheinbaum, la nueva presidenta. El elevado número de homicidios, que no baja de los 30.000 anuales desde hace un lustro, es una tarea urgente. Su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, logró frentar el dramático incremento de muertes violentas, pero su sexenio se cerró con cifras trágicas: más de 200.000 muertes.

EL CASO FUE TODO UN GOLPE.

En primer lugar, por la brutalidad con la que los atacantes decapitaron a Arcos Catalán. En segundo, por la impunidad. En la última semana, otros dos colaboradores del alcalde fueron masacrados: Ulises Hernández Martínez, exmilitar y que iba a convertirse en secretario de Seguridad Pública y Francisco González Tapia, secretario general del ayuntamiento. El mensaje de los grupos criminales es claro: pueden matar cuando quieran porque ellos son los que controlan el territorio. En los últimos días se especuló con la posibilidad de que el alcalde hubiese acudido sin escolta a un poblado controlado por Los Ardillos, uno de los grupos que se disputan el trasiego de drogas y el cobro de extorsión. En el fondo, lo que subyace es que hay estados enteros en México donde el gobierno no es la verdadera autoridad.

Esta oleada criminal en Chilpancingo (municipio ubicado apenas a 150 kilómetros de Iguala, donde hace 10 años desaparecieron los 43 estudiantes de Ayotzinapa) es símbolo del reto en términos de seguridad que enfrenta Sheinbaum. Pero no el único. En su primera semana al frente del Gobierno federal, México registró más de 550 muertes.

A la violencia política en Guerrero se le suman, al menos, dos focos rojos. El primero es Sinaloa, que vive una guerra civil entre narcos desde la detención, a finales de julio, de Ismael Zambada, el Mayo, un histórico capo de 76 años que presumía de no haber pisado nunca la cárcel.

El arresto tuvo lugar en extrañas circunstancias. Una avioneta privada aterrizó en un pequeño aeropuerto de Texas con Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. Ambos fueron detenidos por las autoridades de EEUU y procesados por tráfico de drogas. A los pocos días, sin embargo, el Mayo hizo pública una carta en la que acusaba al hijo de su antiguo socio de engañarlo, secuestrarlo y entregarlo a EEUU. En aquel operativo habrían muerto también los escoltas del narco y Héctor Cuen, un político sinaloense.

GUERRA EN CULIACÁN,

Desde entonces, en Culiacán, capital del estado, y otros municipios, se vive una guerra civil. Por un lado, los «chapitos», facción liderada por los hijos de el Chapo, que se enfrentan contra los «mayos», grupo dirigido por los herederos de Zambada. En un mes se registraron más de un centenar de muertes y un número similar de desapariciones, con enfrentamientos entre civiles armados que se registran a diario.

La situación es tan caótica que el jefe militar de la zona tuvo que ser destituido cuando aseguró en conferencia de prensa que la seguridad en Sinaloa «no depende de nosotros (el Ejército), sino de grupos antagónicos», lo que supuso reconocer que el control del territorio no es del Estado.

El otro suceso que marcó la primera semana de Sheinbaum en el Gobierno fue la matanza de seis migrantes a manos de militares en Chiapas. Todos ellos viajaban en una camioneta que trató de saltarse un retén del Ejército en la carretera de la costa y los soldados decidieron abrir fuego. Murieron migrantes procedentes de Egipto, Perú y El Salvador, lo que muestra el nivel del éxodo masivo hacia EEUU.

Este no es un hecho aislado: el pasado sexenio se registraron al menos tres episodios similares, con migrantes tratando de escapar de los puestos de control y soldados acostumbrados al gatillo fácil. Al margen de la migración, Chiapas vive también su propia guerra en la zona fronteriza con Guatemala, donde dos grupos (cartel de Sinaloa y Cartel Jalisco Nueva Generación) se disputan las rutas de paso de migrantes, el tráfico de drogas y la extorsión, así como el control de las minas.

México es un país que vive una guerra no declarada y resulta iluso pensar que en un sexenio, el de López Obrador, se iba a poner fin a la violencia. El exmandatario apuntó a las causas, a la pobreza, como origen. Pero no fue suficiente. Ahora Sheinbaum anuncia una apuesta por la inteligencia policial y por la eficacia, así como zonas prioritarias, como Tijuana, Acapulco y el estado de Guanajuato. La primera semana sirvió para recordar que el problema de la violencia sigue ahí y que condiciona la vida de millones de mexicanos.