El PNV volvió a cargar ayer contra una Ley de Vivienda estatal que le incomoda de forma manifiesta. Votó en contra, la recurrió ante el TC y arremete contra ella cada vez que puede. Tampoco le gusta la norma que aprobó en su día el Parlamento de Gasteiz, lo que da pie a preguntarse si el problema no lo tendrán, en general, con toda iniciativa que trate de regular el mercado de la vivienda.

El portavoz jelkide en Madrid, Aitor Esteban, aseguró ayer que la oferta de alquiler ha descendido un 30% desde que se aprobó la Ley. No explicó de donde extrajo un dato que coincide con una nota ampliamente difundida por la patronal de las inmobiliarias hace ya un año, cuando la Ley solo contaba con seis meses de vida. En cualquier caso, en Catalunya, donde la norma está más desarrollada -y donde la declaración de zonas tensionadas ha permitido bajar el precio del alquiler un 5%-, sí que se ha detectado una reducción de la firma de contratos de alquiler del 17%. Esto, advierten, no significa que la oferta se haya reducido en esa proporción, ya que también apunta a una menor rotación de las personas que viven de alquiler. De igual modo, se ha detectado que buena parte de las viviendas que desaparecen de la oferta ordinaria son derivadas a alquileres turísticos, de temporada o troceados en alquileres de habitaciones. Todas son fórmulas que escapan a la regulación de la Ley de Vivienda, como señaló ayer el propio Esteban. Tanto en Gasteiz como en Iruñea y Madrid existen mayorías suficientes para corregir esos «agujeros».

Esteban también criticó estar todo el día hablando de fondos buitre cuando la mayoría de viviendas pertenecen a pequeños propietarios. El apunte minusvalora el riesgo de los fondos buitre, pero señala una realidad. El mercado del alquiler vincula sobre todo a propietarios de uno o unos pocos pisos y arrendatarios que, a menudo, no pueden comprar una vivienda. Es decir, se ha convertido en un mecanismo para transferir rentas de personas empobrecidas a propietarios. Es, por lo tanto, un elemento que ensancha paulatinamente las desigualdades y al que solo puede ponerse coto mediante una intervención decidida de las administraciones públicas.