El parlamentario de EH Bildu Josu Aztiria, anunció ayer que próximamente presentará una iniciativa legislativa para modificar la ley de Función Pública y «dotar de estabilidad y seguridad jurídica al sistema de perfiles lingüísticos». Lo hizo después de que la Cámara rechazase una moción para que el Parlamento se ratificara en un acuerdo anterior en el que denunció «con firmeza las sentencias a las que estamos asistiendo últimamente, que atentan no solo contra la revitalización del euskara, sino también contra un amplio consenso social».

«Los últimos fallos y sentencias están erosionando el autogobierno, obstaculizando el desarrollo de las políticas públicas destinadas a la revitalización del euskara y generando inestabilidad jurídica en leyes, reglamentos y decretos elaborados de cara a la revitalización del euskara», decía el texto rechazado.

PNV y PSE hicieron valer su mayoría para aprobar otra enmienda conjunta en el que se invita a los distintos ámbitos de la Administración, cabe suponer que también al judicial, a seguir trabajando como hasta la fecha y le reconoce y le agradece, también a sus empleados, «su labor, determinación y compromiso con la euskaldunización del sector público y el esfuerzo realizado para fomentar el uso del euskara en las administraciones públicas».

El parlamentario de EH Bildu reprochó al PNV que la enmienda que presentaron junto al PSE «es en realidad una enmienda a la totalidad del PNV contra el PNV». Añadió que el PNV «está atado con una cadena corta y con esa cadena corta es imposible dar un salto. Como mucho, algún pequeño paso. Y así estaremos si no toman decisiones en toda la legislatura».

El portavoz jeltzale en este punto, Gorka Alvarez, no quiso entrar al debate.

En su intervención, el parlamentario del PSE Pau Blasi aseguro que su partido no acepta que exista una ofensiva judicial contra el euskara ni ataques, puesto que no hay un hilo conductor entre unas sentencias y otras.

Ante estas posiciones, EH Bildu anunció otra iniciativa legislativa. Según subrayó Aztiria, «necesitamos nuevos refugios jurídicos para poner en práctica las políticas lingüísticas y los nuevos saberes sociolingüísticos del siglo XXI. Pero urge, a corto plazo y con carácter de urgencia, acometer las reformas legales necesarias para dotar de seguridad jurídica y blindar el actual sistema de perfiles lingüísticos».