La viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias, Lorea Bilbao, anunció que espera que para antes del 30 de noviembre se hayan resuelto los problemas en el servicio de ambulancias no urgentes y de emergencias de Bizkaia y Araba, que en la actualidad presta la empresa La Pau, y cuya solución pasará, previsiblemente, por nuevas y «más estrictas» licitaciones para que sean otras las empresas que asuman esta labor.

Bilbao informó, además, de que el Departamento de Salud publificará el servicio de ambulancias de Soporte Vital Avanzado de Gipuzkoa, que en la actualidad -y a diferencia de lo que ocurre en los otros dos territorio, donde ya lo presta la propia Osakidetza directamente- está adjudicado a una empresa privada.

La viceconsejera, que compareció en el Parlamento de Gasteiz a petición de EH Bildu para informar sobre la situación del servicio de ambulancias que presta La Pau en Bizkaia y Araba, explicó que desde finales de julio, «las cosas han empeorado» en esta empresa, que ya ha comunicado que ha habido problemas para el pago de algunas nóminas a sus trabajadores.

Además, señaló que La Pau «no ha prestado o no lo ha hecho en las condiciones debidas» determinados servicios, y que incluso ha tenido ambulancias «fuera de servicio» debido a «diversas razones».

Defendió la legalidad del procedimiento empleado para adjudicar los servicios de ambulancias no urgentes y de emergencias que en la actualidad presta esta empresa, y reconoció la «preocupación» que existe en seno del Departamento de Salud y en Osakidetza ante la situación que se está produciendo en el servicio y en el funcionamiento interno de la compañía. Bilbao, que recordó que ya se han impuesto a la empresa varias sanciones por el incumplimiento de algunas de las condiciones del contrato, anunció que se designará una comisión para realizar un seguimiento «más estrecho» sobre el cumplimiento de los requisitos contractuales por parte de la adjudicataria.

Explicó, así, que parece «difícil» que la empresa pueda cumplir con los compromisos contemplados en el nuevo convenio, que incluye mejoras salariales para la plantilla. Y señaló que hoy está prevista una nueva reunión con el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales (OARC) y con la propia La Pau.

«Queremos que la empresa diga claramente si reúne todas las condiciones para poder prestar el servicio, entre ellas, respetar o cumplir con las condiciones laborales del personal», Bilbao, que advirtió de que también reclamarán a la compañía que aclare «si pretende marcharse» de la CAV, tal y como ya ha trascendido a través de algunas informaciones, y dejar de prestar los servicios que tiene adjudicados.

Así, reconoció que «si no hay sorpresas», finalmente serán otras las empresas que prestarán este servicio.

PROBLEMA «MUY GRAVE»

Por su parte, la parlamentaria Rebeka Ubera denunció que lo que está ocurriendo con esta empresa «es muy grave», aunque afirmó que «hace años» que existe este problema.

Criticó que, con independencia de que sean «legales o ilegales», se están llevando a cabo prácticas por parte de la empresa adjudicataria que «desde luego son inadecuadas». Además, advirtió de que es «responsabilidad» de Salud «asegurar que se cumplen las condiciones» planteadas en el contrato adjudicado a La Pau.