El Grup La Pau, que en los últimos años ha gestionado las ambulancias de Osakidetza en Araba y Bizkaia, dejará de prestar ese servicio antes del 30 de noviembre, después de que el Departamento de Salud, tras valorar diferentes opciones, «y teniendo en cuenta que su máxima prioridad son los y las pacientes», haya llegado a un acuerdo con la firma para que realice una salida ordenada.

Según informó ayer la Consejería, la decisión se adoptó de forma pactada tras la reunión entre la viceconsejera de Administración y Financiación Sanitarias, Lore Bilbao, y responsables de la empresa.

Una vez ejecutada su marcha, una nueva empresa se hará cargo de los servicios de ambulancias de soporte vital básico y ambulancias no asistenciales en esos herrialdes, a través de un contrato de emergencia. El Departamento sostuvo en una nota de prensa que «hasta entonces el servicio no se interrumpirá en ningún momento y la asistencia está totalmente garantizada», y anunció la puesta en marcha de la tramitación administrativa necesaria para poder llevar a cabo este servicio.

Lakua señaló también que «ante las deficiencias en el servicio ofrecido por La Pau, especialmente desde el pasado mes de julio, el Departamento ha actuado en consecuencia aplicando a la empresa medidas administrativas y sanciones económicas por no cumplir con los requisitos exigidos» y ha decidido «crear una comisión de seguimiento para garantizar el cumplimiento de los contratos».

«HOY SE ACLARA EL FUTURO»

En un contexto general de constantes y contundentes denuncias, tanto de usuarios como de trabajadoras y trabajadores, por la situación del Servicio de Emergencias, todas las miradas estaban pendientes de la reunión que el Departamento de Salud iba a tener con los responsables del Grup La Pau.

De fondo, el malestar, también institucional, por el servicio prestado por la empresa catalana, y la intención avanzada en las últimas semanas por parte de esta de dejar sin efecto su vinculación con Osakidetza argumentando motivos de carácter económico.

Antes de celebrarse la reunión, la portavoz de Lakua, Maria Ubarretxena, ya había anunciado que el Ejecutivo iba a trasladar a la compañía adjudicataria su «descontento por el servicio que se está prestando», y aseguró que «si la empresa quiere dejar el servicio -cosa que ha acabado ocurriendo-, el Departamento tiene encima de la mesa diferentes escenarios para poder prestar el servicio con garantía».

En rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la portavoz fue preguntaba por esta cuestión, que zanjó afirmando que «hoy se aclara el futuro del servicio de las ambulancias de Bizkaia y Álava».

AÑOS DE POLÉMICA E INCUMPLIMIENTO

Lo cierto es que el paso de La Pau por el sector de Emergencias de Araba y de Bizkaia ha estado marcado por las denuncias por incumplimientos tanto del servicio a prestar como de los derechos laborales de sus empleados y empleadas. En febrero de 2021 ya hubo movilizaciones sindicales por la gestión de las emergencias en Bizkaia, que se calificaba de «nefasta», con mención concreta a las negligencias de la firma catalana. Entonces, el comité de empresa detalló que se estaban produciendo recortes continuos desde 2017 y explicó que la situación había ido a peor a raíz de la pandemia de covid y tras aplicar recortes en el servicio y de la retirada de ambulancias de soporte vital básico.

Asimismo, el año pasado ESK presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Araba contra el director de Aseguramiento de Contratación Sanitaria del Departamento de Salud y el presidente de La Pau, considerando que se podía estar cometiendo un delito de prevaricación y de uso indebido de dinero público.

A las puertas de este pasado verano, ELA, LAB, UGT, ESK y CCOO denunciaron que la empresa siguiera ganando concursos públicos (en ese caso era la asistencia sanitaria en Aste Nagusia de Bilbo) tras haber recortado los salarios un 12,5%. Y afirmaron que estaba alardeando de que «los beneficios por la gestión de los servicios en Bizkaia y Araba, que son pagados con dinero público, los traslada a Catalunya, de donde es originaria». «No llegamos a entender lo que está pasando», indicaron.

Y con la llegada del estío la situación fue incluso a peor. Lo hizo en el conjunto del Servicio de Emergencias de la CAV, donde trabajadores y trabajadoras expusieron en declaraciones a GARA una situación aterradora en el sector, apuntando que no se estaban cumpliendo siquiera las mínimas condiciones requeridas.

En concreto, Jonathan Resurrección, “Resu”, delegado de LAB en La Pau y presidente del comité de empresa de la Red de transporte sanitario urgente (RTSU) en Araba, denunció descuelgues de convenios, pagas extra adeudadas -aún tienen pendiente de cobrar el 75% de la de este verano- y otros problemas de calado que han provocado un cansancio muy grande en la plantilla. Por su parte, Gaizka Uriarte, enfermero y delegado de UGT en la misma empresa, constataba que la situación venía de lejos y que se había ido acentuando.

En este escenario, ESK denunció a finales de agosto el deficiente servicio de ambulancias urgentes prestado por la firma catalana que, a juicio de esta central, estaba provocando un «riesgo intolerable para la salud de la población».

El enésimo escándalo ligado a La Pau, aunque en este caso con responsabilidad compartida, ocurrió el pasado mes de abril, cuando trascendió que Ibon Etxeberria Olañeta, exdirector de Régimen Jurídico, Económico y Servicios Generales del Departamento de Salud de Lakua, que había cesado durante la pandemia por saltarse el confinamiento para ir a un campo de golf, había fichado por esa empresa.