El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Donostia anuló ayer la convocatoria de 34 plazas de trabajadores de residencias realizada por Kabia, ente autónomo de la Diputación de Gipuzkoa, al entender que sus requisitos de conocimiento de euskara «vulneran el derecho fundamental de acceso al empleo público».

Este nuevo falló se enmarca en la ofensiva judicial que tiene como objetivo obstaculizar la normalización del euskara. Sin ir más lejos, el juzgado donostiarra también impugnó hace dos semanas una convocatoria para el personal de limpieza de los alojamientos de la Diputación.

Volviendo a la sentencia actual, a la que tuvo acceso Efe, el juzgado estima parcialmente el recurso interpuesto por el letrado Francisco Ignacio López Lera, en representación de dos trabajadoras afectadas por la exigencia de euskara en esta convocatoria.

La resolución argumenta que las bases de la convocatoria «imponen» unos requisitos lingüísticos de acceso que, «pretendiendo maximizar los objetivos de normalización del euskara» en Kabia, «minimizan las aspiraciones de acceso al empleo público» de las trabajadoras afectadas «al punto de reducirlas a sólo dos de las 34 convocadas».

El texto judicial señala también que el «índice» de euskera de «obligatorio cumplimiento» establecido por el Plan de Normalización de la Diputación para el período 2018-22 «no puede trasladarse a las bases» de la convocatoria realizada en 2020 por Kabia hasta el punto de «sacrificar» el derecho de las perjudicadas.

Así, defiende que este índice debe aplicarse «gradualmente» y que «la convocatoria» no es el único medio para alcanzar el objetivo de normalización, ya que existen otros como «movilidad, traslados o planes de formación».

La sentencia detecta también «desproporcionalidad» tanto en el requerimiento de un perfil lingüístico dos (PL-2) para 32 de las 34 plazas.

Por ello, la resolución sostiene que no es posible «trasladar a todos los aspirantes al empleo público» en un mismo ámbito «el déficit que representa la diferencia entre las dotaciones con perfil lingüístico y el índice exponencial de la euskaldunización en el territorio foral» con la consecuencia de «limitar el derecho» de los aspirantes a «acceder en condiciones de igualdad a las plazas convocadas».

DENUNCIA DE LAS SENTENCIAS

Antes de que se conociera esta sentencia, la portavoz de EH Bildu en el Congreso español, Mertxe Aizpurua, denunció ayer los fallos dictados por diferentes tribunales contra el requisito de conocimiento del euskara para acceder a un empleo público.

Según explicó, «los jueces españoles han decidido interpretar cualquier exigencia relacionada con el conocimiento del euskara en la Administración como una discriminación hacia los castellanoparlantes». Asimismo, aseguró que la labor del Gobierno es «garantizar que todas las personas que queramos podamos dirigirnos, ser tratadas y funcionar en euskara en toda la Administración del Estado».

Bolaños, por su parte, defendió la actuación de la Administración de Justicia, que, a su juicio, «protege las lenguas oficiales». Así, puso en valor la aprobación de la Ley orgánica de Derecho a la Defensa, que esta semana será debatida en el Senado, y aseveró que en la norma «se avanza de manera muy decidida en la protección del plurilingüismo».