El Departamento de Salud del Gobierno de Lakua anunció ayer que el transporte sanitario en Bizkaia y Araba, que ahora gestiona la catalana La Pau, quedará en manos de una UTE formada por tres empresas: Sanir, madrileña, y las vascas Ambulancias Baztan Bidasoa y Ambulancias Gipuzkoa. En concreto, las dos primeras se encargarán de Bizkaia -bajo la denominación Bizkanb- y Ambulancias Gipuzkoa operará en Araba como Araba Anbulantziak. Esta empresa ya realiza el servicio en Gipuzkoa.

Lakua subrayó que con esta medida cumple el compromiso de solucionar la cuestión antes de finales de diciembre, puesto que la sustitución se hará efectiva el próximo lunes. «Se garantiza así la asistencia sin ningún tipo de interrupción, gracias a los contratos que el Departamento de Salud ha ido tramitando mediante el procedimiento de urgencia», señaló.

«Es la solución más rápida, eficaz y adecuada, tanto desde el punto de vista de los pacientes y personas usuarias como de las trabajadoras y trabajadores, que constituyen la prioridad máxima para el Departamento y el conjunto del Gobierno», añadió.

NO HABLA DE SUBROGACIÓN

En la nota no se detalla si se producirá una subrogación ni cómo. De las inquietudes que la sustitución genera entre los trabajadores habló el martes en NAIZ Irratia Jonathan Resurrección, delegado sindical de LAB, que apostó por la publificación del servicio, una demanda que ya planteó EH Bildu tras el desastre en la gestión de La Pau, pero que Lakua rechazó.

El Gobierno de Imanol Pradales acordó en octubre que se produjera una «salida ordenada» de La Pau tras más de tres años de denuncias sindicales y de afectados, que no habían sido atendidas hasta entonces.

La decisión suponía una rectificación tras negar el problema durante varios años, una postura similar a la adoptada con el trasladado de la cirugía cardíaca a Basurto (modificado parcialmente antes del verano) o la apertura de un diálogo con todo tipo de agentes para buscar un Pacto de Salud en la CAV.

Así, en febrero de 2021 ya hubo movilizaciones sindicales por la gestión de las emergencias en Bizkaia, que se calificaba de «nefasta» con mención muy concreta a las negligencias de la empresa catalana. Entonces detallaron que se estaban produciendo recortes continuos desde 2017 y explicaron que la situación había ido a peor a raíz de la pandemia y tras aplicar recortes en el servicio y la retirada de ambulancias de soporte vital básico.

Asimismo, el año pasado ESK presentó una denuncia penal ante la Fiscalía de Araba contra el director de Aseguramiento de Contratación Sanitaria del Departamento de Salud de Lakua y el presidente de Ambulancias La Pau, considerando que se podía estar cometiendo un delito de prevaricación y de uso indebido de dinero público.

A las puertas de este verano, los sindicatos ELA, LAB, UGT, ESK y CCOO denunciaron que la empresa seguía ganando concursos públicos -la asistencia sanitaria en Aste Nagusia de Bilbo- tras haber recortado los salarios de la plantilla un 12,5%. Y afirmaron que estaba alardeando de que «los beneficios por la gestión de los servicios en Bizkaia y Araba, que son pagados con dinero público, los traslada a Catalunya, de donde es originaria».

Con la llegada del estío, la situación fue incluso a peor, con denuncias en el conjunto del Servicio de Emergencias de la CAV, señalando que no se cumplían los mínimos necesarios, que se adeudaban pagas extra y que había descuelgues del convenio.

En este contexto, el sindicato ESK denunció a finales de agosto que el servicio de ambulancias urgentes prestado por la empresa La Pau era deficiente y estaba poniendo en «riesgo intolerable la salud de la población».