Lanbide asegura que el buzón que permite denunciar de forma anónima sospechas de irregularidades en el cobro de prestaciones sociales «no señala a ningún colectivo» y sirve para «ordenar» la información que antes se recibía por otras vías.

Hasta ahora la ciudadanía podía comunicar al Servicio Vasco de Empleo posibles fraudes, pero no existía un procedimiento reglado. Esta semana ha puesto en marcha en su web un buzón de comunicaciones antifraude para advertir de posibles actuaciones irregulares en el cobro de las prestaciones de la Renta de Garantía de Ingresos y del Ingreso Mínimo Vital.

El buzón ha sido criticado por formaciones políticas como EH Bildu, que considera que fomenta el señalamiento de las personas más vulnerables y asume «marcos narrativos propios de la extrema derecha», y sindicatos como ELA, que cree que «estigmatiza» a los perceptores de ayudas sociales, y LAB, que opina que los «criminaliza».

Ante estas reacciones, Lanbide quiso dejar claro que el buzón sirve para «canalizar las denuncias ciudadanas que antes recibía por múltiples vías», como el teléfono, de forma presencial, por email y con cartas anónimas, y que «en ningún momento se señala a ningún colectivo».

«La novedad que aporta con respecto al buzón que lleva años en funcionamiento es que el nuevo mecanismo racionaliza los canales de comunicación con Lanbide», señaló.

EXISTEN OTROS CANALES

Recordó, además, que Lakua tiene buzones parecidos en otros ámbitos como el del fraude laboral, el de denuncias relativas a los fondos europeos MMR, contra el fraude en pisos turísticos y el canal interno para comunicar infracciones en la Administración autonómica.

Asimismo, otras instituciones cuentan con herramientas similares: la Seguridad Social, con el buzón de la Inspección de Trabajo; el Gobierno español, con el buzón para denuncias de fraude, corrupción o cualquier otra actividad ilegal que afecte a fondos europeos, y el Gobierno navarro, con un buzón de denuncias anónimas en su web de buenas prácticas y anticorrupción.

Estos mecanismos han suscitado el rechazo de diferentes agentes por entender que «criminaliza y estigmatiza a las personas perceptoras», ante lo que Lanbide puntualizó que «en ningún momento se han realizado presunciones de fraude por parte de las personas que perciben prestaciones económicas».

«Al contrario, se ha trasladado que son casos minoritarios», que, sin embargo, «generan una percepción social que no se corresponde con la realidad y perjudica al sistema, a las personas perceptoras y a los recursos públicos», añadió.