La Cámara de los Comunes británica aprobó ayer, por 330 votos a favor frente a 275 en contra, el proyecto de ley planteado por la diputada laborista Kim Leadbeater para legalizar el suicidio asistido en Inglaterra y Gales. La diferencia de 55 votos permitirá que prosiga la tramitación parlamentaria, con la presentación de enmiendas y escrutinio en la Cámara de los Lores, previo al voto final que tardará meses.

Su aprobación dividió al Ejecutivo laborista de Keir Starmer, que hasta ahora había mantenido una posición neutra, pero finalmente se posicionó a favor del llamado proyecto de ley de fin de vida para adultos con enfermedades terminales que no ha sido propuesto por el Ejecutivo, sino que está abanderado a título personal por Leadbeater.

El texto impone más requisitos y convierte en delito, con penas de hasta 14 años por presionar, coartar o engañar a alguien para que se quite la vida o declare que quiere acabar con ella.

Los interesados deben ser residentes de Inglaterra o Gales y llevar al menos 12 meses registrados con un médico de familia, además de tener una expectativa de vida de menos de seis meses y capacidad de tomar la decisión y expresar un deseo «claro, firme e informado y libre de coerción o presión».

Los afectados tendrán que hacer dos declaraciones firmadas sobre su deseo de morir, ser evaluados por dos médicos y obtener una autorización judicial. El texto dispone que, aunque un médico podría preparar el compuesto letal, debe ser el interesado quien lo tome y nadie más estaría autorizado a administrarlo.