La investigación abierta por las autoridades contra el presidente de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, se conoció el mismo día en que aceptó la dimisión del ministro de Defensa, Kim Yong-hyun, por su responsabilidad en el despliegue de tropas en la Asamblea Nacional tras el decreto de la ley marcial, una medida que derivó en horas de gran tensión y a la que respondió la población con protestas antes de ser revocada por los diputados.

La movilización ciudadana para reclamar la dimisión de Yoon continuó ayer, con marchas y adhesiones a la huelga general indefinida convocada por la principal confederación sindical del país hasta que el presidente abandone su cargo, como la de los 43.000 trabajadores de Hyundai Motors.

A las presiones políticas y sociales para que Yoon asuma su responsabilidad se añade ahora la investigación abierta por la Policía surcoreana, tras la presentación de dos denuncias, por las sospechas de que podría haber cometido «traición» al recurrir a esa medida excepcional con fines políticos. Las denuncias del partido opositor minoritario Rebuilding Korea Party y de un grupo de 59 activistas acusan también al exministro de Defensa Kim Yong-hyun; al jefe del Estado Mayor del Ejército, general Park An-su, y al ministro del Interior, Lee Sang-min, entre otros.

También ayer, la principal formación opositora, el Partido Democrático (PD), anunció su intención de que mañana se vote la moción para destituir al presidente. Para sacarla adelante se requiere el apoyo de 200 de los 300 diputados, y sus impulsores suman 192, por lo que son necesarios 8 votos del partido de Yoon.