Como resultado de una demanda laboral presentada por una trabajadora del hogar de Bizkaia, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha resuelto esta semana que los empleadores deben establecer sistemas para computar la jornada laboral también en ese ámbito. SOS Racismo Gipuzkoa saludó el fallo, pero planteó medidas para que la jornada laboral máxima de estas trabajadoras sea real y, desde Bizkaia, la asociación ATH-ELE auguró que el Gobierno español no se implicará.

SOS Racismo de Gipuzkoa alertó que la resolución puede quedar en nada si no se toman medidas efectivas concretas y, en consecuencia, lanzó unas propuestas para que esta resolución se lleve a la práctica: obligar a que se defina la distribución de la jornada laboral en los contratos de trabajo de hogar, instalar dispositivos electrónicos para el registro horario «que puedan ser supervisados de forma telemática», posibilitar «que cuando el hogar familiar sea también un centro de trabajo sea accesible a la inspección laboral» y «definir legalmente qué es la pernocta y cómo se debe abonar».

LA REALIDAD ACTUAL: CASI LA MITAD DE LO DEBIDO

Aprovechó para dar algunos datos muy clarificadores sobre la situación actual. «Gran parte de las horas que realizan las trabajadoras internas, además de superar el máximo permitido por la legislación de 60 horas semanales (40 de jornada y 20 de presencia) no se abonan», explicó. «La jornada media semanal de las trabajadoras que hemos atendido en 2023 (más de 270) es de 62,3 horas, a lo que, según el SMI vigente, deberían corresponder 2.076,28 euros brutos de salario. Pues bien, el salario medio percibido para esta jornada es de 1.112,96 euros, prácticamente la mitad», detalló.

Agregó, para más inri, que «hay trabajadoras que superan las 80 horas semanales, que no tienen descansos ni festivos ni vacaciones y que no descansan por las noches». Y certificó que «es una realidad sobradamente conocida» y que sigue a diario, pese a atentar muy directamente contra los derechos elementales.

ATH-ELE: «EL GOBIERNO NO VA A RESPETAR LA SENTENCIA»

Desde Bizkaia, la Asociación de Trabajadoras del Hogar ATH-ELE alertó, en tono pesimista, de que el Gobierno español no va a dar «pasos concretos y verificables» para controlar las jornadas laborales en este sector y advirtió de que «está en juego la solución de los cuidados a domicilio de personas en situación de dependencia con mano de obra barata, que trabaja muchas horas no reconocidas y que es pieza clave del sistema de cuidados».

Para ATH-ELE, la sentencia «podría ser importante, pero probablemente no lo será». Así, lamentó que ya hay «experiencia de la aplicación tramposa que el Gobierno está haciendo de la sentencia europea de 2022, que les obligó a reconocer el derecho a la prestación de desempleo».

La asociación vizcaina advirtió de que, en el caso de estas trabajadoras, la Inspección de Trabajo «mira para otro lado» a pesar de ser conocedores de que «que se hacen por sistema contratos de 40 horas en el trabajo interno, lo que es falso a todas luces».