Las primeras noticias sobre la situación de la carreocera de Altsasu salían a la luz a finales de septiembre, cuando la dirección de la empresa en la que trabajan 367 personas presentaba un ERTE de tres meses para casi toda la plantilla ante la deuda acumulada de casi 50 millones de euros y la falta de liquidez.

Los peores presagios, sin embargo, se cumplían el 5 de noviembre, cuando el Consejo de Administración anunciaba a los accionistas la presentación en el juzgado de una solicitud de concurso de acreedores. Se da la circunstancia de que este anuncio llegaba pocos meses después de darse a conocer un plan para iniciar la fabricación de los modelos de autobuses de última generación de Volvo, lo que supondría duplicar la capacidad productiva y el empleo. Pero finalmente, la marca sueca decidió dar marcha atrás ante la difícil situación financiera de la planta, pese a las fuertes inyecciones económicas recibidas desde las instituciones públicas (3 millones en 2023 y 6 millones en 2024).

La noticia del concurso de acreedores caía como un jarro de agua fría en Altsasu y en toda Sakana, donde todavía recuerdan las dificultades padecidas en épocas pasadas por esta misma empresa. Así, a convocatoria del comité, cientos de personas salían a la calle el 10 de noviembre para reclamar soluciones y manifestar su perplejidad por el hecho de que en pocos meses se haya pasado de hablar de duplicar la capacidad productiva e incluso la plantilla, a plantear el cierre de la empresa en caso de no encontrar inversores.

De hecho, a los pocos días de la manifestación se conocía que una firma de inversión y transformación de empresas de origen europeo había visitado las instalaciones, mostrándose muy interesada en hacerse con Sunsundegui.

LAB, CCOO y ELA exigieron mientras tanto la apertura de una investigación sobre la gestión de la empresa y el destino de las cantidades económicas recibidas desde el año 2009.

VARAPALO EN EZKIROTZ

Cuando todavía no había transcurrido un mes, otra gran empresa navarra, BSH de Ezkirotz, anunciaba a la plantilla su intención de cerrar la planta de frigoríficos y lavavajillas en un plazo de seis meses, el plazo legal para presentar un ERE de extinción. Un anuncio que, al igual que lo ocurrido en Sunsundegui, cogía por sorpresa a los 660 trabajadores de esta factoría.

A través de un escrito remitido a los empleados, la dirección trasladó que la planta de Ezkirotz «ha dejado de ser competitiva» y apuntaba al 16 de junio como fecha para cesar la actividad y comenzar a negociar las condiciones de despido de los trabajadores.

Los sindicatos, sin embargo, acusan a la dirección de mentir, ya que sostienen que lo que ha ocurrido ha sido una paulatina deslocalización de la producción hacia plantas ubicadas en Polonia y Turquía. Una deslocalización que ya salió a la luz en el año 2017, cuando los sindicatos denunciaron el incumplimiento del acuerdo de cierre y traslado de 95 trabajdores de la planta de Villatuerta a la de Ezkirotz.

A las pocas horas de producirse este anuncio, SDA Factory, empresa que compró a BSH en 2018 los activos y la planta de Ufesa en Gasteiz, solicitaba entrar en concurso voluntario de acreedores.

VW, A LA ESPERA

Y mientras todo esto sucedía, la plantilla de la empresa más grande de toda Nafarroa, Volkswagen-Landaben, contenía el aliento al anunciarse en octubre el cierre de tres de sus diez fábricas en Alemania, lo que apunta a que su crisis es mayor de lo que se pensaba.

El anuncio no solo provocaba la preocupación de la plantilla, también la de las instancias políticas del territorio, que se encargaron no obstante de recordar que se mantienen las inversiones previstas en Landaben, donde se construirán los modelos eléctricos que tienen más posibilidades de mercado.