Satisfacción en Sare por las decenas de miles de personas que respondieron a su convocatoria de manifestación en defensa de los derechos de las presas y presos vascos. Para sus portavoces, Bego Atxa y Joseba Azkarraga, «el ámbito político y judicial» debe escuchar lo reivindicado en las calles de Bilbo dejando atrás la excepcionalidad y reconociendo a «todas las víctimas de todas las violencias».

En una mañana soleada pero fría en el Botxo, Atxa y Azkarraga valoraron ayer en las escalinatas del Consistorio bilbaino la importante movilización que finalizó la víspera en ese mismo escenario. En primer lugar, calificaron de «impresionante cifra» que entre 67.000 y 70.000 personas asistieran, lo que entienden debiera ser tomado en consideración por instancias políticas y judiciales.

Fue, sin duda, la mayor movilización de los últimos doce meses en Euskal Herria, aunque por ejemplo los diarios de Vocento intentaron reducir el número de participantes a 15.000 citando fuentes de la Policía Municipal. La estimación de GARA fue casi idéntica a las de 2024 y 2023, en que las marchas también cubrieron tres cuartas partes del recorrido (desde el Ayuntamiento hasta las calles Ávila y Enrique Eguren) y se situaron por tanto entre 65.000 y 70.00 personas, casi sin modificación.

«Demuestra que una parte importante de la sociedad vasca echa de menos una solución definitiva a las consecuencias de un conflicto que ha durado décadas y que ha causado mucho sufrimiento a nuestro país», apuntaron.

Al margen de la valoración de la red ciudadana, en la tarde del sábado no pasó desapercibida la diferencia entre la implicación de los sindicatos, muy mayoritaria -con la presencia de representantes de ELA, LAB, ESK, Steilas, Hiru, EHNE, CGT, CNT y Etxalde-, y de la esfera política, donde solo estuvieron cargos de EH Bildu y EH Bai.

Asimismo, la presencia de gran parte del arco político catalán, con delegaciones de Junts, ERC y de la CUP, junto al expresident de la Generalitat Quim Torra y la expresident del Parlament Laura Borrás, señaló la inhibición del PNV o de la izquierda confederal estatal en Euskal Herria ante esta movilización. Junts y PNV son socios. Los jeltzales no han dicho palabra sobre esta marcha y han preferido dedicar todas sus intervenciones de los días previos a una cuestión lejana como Venezuela.

Años atrás el PNV sí se implicaba puntualmente en estas movilizaciones por los derechos de los presos vascos. En 2014, sin ir más lejos, en una convocatoria bajo el lema ‘‘Giza eskubideak. Konponbidea. Bakea’’, estuvieron, cuando todavía no había una apuesta de EPPK por la vía legal.

Con un balance positivo, desde Sare instaron a «sellar» las consecuencias del conflicto, lo que requiere, en su opinión, «dejar de manipular el dolor de las víctimas», que «deben contar con el respaldo, con el apoyo, con el reconocimiento de ese dolor». «El dolor de las víctimas no es idéntico, pero no es justo que las varas de medir de la Justicia y la política, en referencia a unas víctimas y otras, sea diferente. Hay que equiparar la actuación de las administraciones», declaró Azkarraga.

TERMINAR CON LA DISCRIMINACIÓN

Junto a la cuestión de las víctimas, los portavoces de la red insistieron en que hay que terminar con la discriminación en lo concerniente a progresiones de grado, permisos penitenciarios u otros modelos de tratamiento que se están aplicando a presos y presas por motivación política.

Recordaron además que «todavía queda pendiente» la aplicación de la modificación del cómputo de penas, de la que aún no se ha beneficiado ningún preso vasco, y denunciaron la vigencia de «leyes de carácter excepcional» como las del cumplimiento «íntegro y efectivo de hasta 40 años de privación de libertad».

«Hay un problema irresuelto, que es el de los presos y presas que cumplen condena en régimen cerrado», incidieron Atxa y Azkarraga, ya que estiman que podrían beneficiarse de otro tipo de métodos, como el régimen semiabierto.

Se mostraron convencidos de que «la solución la tiene también la Administración Penitenciaria», a la que volvieron a pedir «audacia» sin «mirar exclusivamente a lo que dice la derecha o la extrema derecha» y haciendo uso de «un modelo penitenciario vasco que el propio Parlamento Vasco aprobó ya hace un tiempo».

«Ese modelo, lo que hace es apostar fundamentalmente por medidas en régimen abierto con un cumplimiento ya de penas elevado, ya que tenemos un colectivo de presos y presas que lleva en su mayoría más de 20 años de condena cumplida, y algunos están por encima de 34 años de prisión cumplidos. Por lo tanto a esos hay que aplicarles también ese modelo penitenciario vasco en régimen abierto, porque la ley, el reglamento penitenciario, la normativa penitenciaria, lo permite», expusieron.

DIEZ AÑOS DEL EXPOLIO

En la comparecencia, rememoraron que ayer, precisamente, se cumplieron diez años de cuando agentes de la Guardia Civil, por orden de la Audiencia Nacional española, requisaron la recaudación conseguida en una manifestación por los derechos de los presos vascos. «Aproximadamente 105.000 euros», apuntaron. «Seguimos sin ese dinero. Intentaron callarnos y ayer demostramos que no lo hicieron ni lo van a hacer», reivindicó Azkarraga, que admitió que en aquel momento «nos ahogaron económicamente».

Por ello, anunciaron que Sare Herritarra ha puesto en marcha «nuevas fórmulas de financiación», como el proyecto Bizumkada Nazionala, a través del cual «los ciudadanos y ciudadanas pueden hacer aportaciones económicas que nos permitan seguir haciendo frente al problema que tiene este país y que tenemos que solucionar entre todos».