La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales dio a conocer ayer un informe que asegura que en Hego Euskal Herria hay un déficit de 7.216 plazas residenciales para alcanzar la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años. A final de 2023, en el sur del país había registradas, según datos del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso), aunque se trata de una competencia foral, 25.668 plazas.

El estudio advierte de que el número de centros abiertos en los tres años posteriores a la pandemia (2021-2023) no será capaz de dar servicio al incremento de la población mayor. Además, se constata que continúan aumentando en número y porcentaje las plazas residenciales de financiación pública.

En un informe elaborado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, con fecha de 2022, ya se indicaba que seis de cada diez plazas disponibles en los centros de atención a las personas mayores de la CAV pertenecían a residencias que tienen ánimo de lucro, cuyo dominio en este ámbito es abrumador.

En Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hay cerca de 20.000 plazas residenciales destinadas a la atención de personas dependientes. Si bien un gran número de ellas forma parte de la red pública e incluso se ofrecen en centros de titularidad pública, cerca del 91% las gestionan entidades privadas.

En el análisis que ahora dan a conocer los directivos de estos centros a nivel del Estado español se apunta que en el caso de la CAV hay un déficit de 6.634 plazas residenciales para llegar a la ratio de 5 por cada 100 personas mayores de 65 años, mientras que en Nafarroa es de 582 siendo, en base al estudio, una de las comunidades autonómicas con mayor equilibrio en su ratio.

FINANCIACIÓN PÚBLICA

También se aporta en el estudio publicado el dato de que en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa el 75,8% de las 19.378 plazas residenciales son de financiación pública, en concreto 14.684, mientras que el 24,2% restantes son exclusivamente privadas; es decir, 4.694. Se incluyen dentro de la financiación pública plazas en centros públicos, en concertados, en centros privados y plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.

En Nafarroa, la financiación pública se sitúa en el 59,3% de las 6.290 plazas residenciales, con 3.728 bajo esa cobertura mientras que 2.562 eran privadas (40,7%), una cifra bastante superior a la de la CAV.

Otro índice que destaca es que el 70,4% es la ocupación media de las plazas residenciales en la CAV, cuando la del Estado español es del 84,1%. En el caso de Nafarroa, es del 83,1%. Respecto al tamaño medio de los centros, en Nafarroa (81,7 plazas) es superior al de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa con 68,5 plazas, cuando la media estatal es de 72,9.

Aunque la lectura que realiza la asociación es a nivel del Estado español, hay aspectos que pueden ser extrapolables a la realidad vasca, como la queja por que no se hayan dado «pasos decididos» en la aplicación de la estrategia del nuevo modelo de cuidados, reforzando los servicios de atención domiciliaria.

«Estos datos tan pobres y la escasa o nula evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en prejuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres», concluyeron.