Corría junio de 2022 cuando el grupo parlamentario de EH Bildu en Madrid alcanzaba un acuerdo con el Ejecutivo español (PSOE y Unidas Podemos) para aprobar una nueva Ley de Memoria Democrática. También se admitieron enmiendas de PNV, PDeCAT, Más País y Coalición Canaria.

El acuerdo contemplaba, entre otras medidas, convertir el Fuerte de San Cristóbal, en el monte Ezkaba, cerca de Iruñea, en un espacio que recuerde a las 207 personas fusiladas en la fuga de 1938.

Además, el palacio de La Cumbre, en Donostia, donde fueron torturados en 1983 Josean Lasa y Joxi Zabala antes de ser enterrados en cal viva por los GAL, iba a pasar a ser de propiedad municipal en el plazo máximo de un año. El edificio fue sede del Ministerio español de Asuntos Exteriores durante las estancias veraniegas de Franco en el barrio de Aiete, y posteriormente residencia del gobernador civil.

Han pasado más de dos años del acuerdo, pero La Cumbre continúa sin ser entregada al Consistorio donostiarra. Hace un año, en enero de 2024, las familias de Lasa y Zabala, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y los colectivos Egiari Zor, Argituz, Mikel Zabalza Herri Ekimena y Berridatzi Elkartea presentaron públicamente su proyecto para convertir este edificio en un lugar destinado a señalar «las graves vulneraciones de derechos humanos cometidos por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y grupos parapoliciales».

El asunto llegó ayer a la comisión de Derechos Humanos y Cultura Democrática de las Juntas de Gipuzkoa, donde comparecieron Pili Zabala y Axun Lasa -hermanas de Joxi y Josean, respectivamente- y el historiador de Aranzadi Javi Buces. Todas las partes coincidieron en que lo más urgente es que se culmine la cesión.

Buces arrancó su intervención recordando la base jurídica en la que se sustenta la propuesta. Cada grupo juntero había recibido un informe detallado, por lo que se limitó a dar unas pinceladas sobre un proyecto que contaría con un itinerario memorialístico, una exposición permanente sobre la represión durante el franquismo y la transición -e incluso más allá-, un servicio pedagógico y de divulgación, página web, un espacio para la investigación de casos sin aclarar y un espacio de acompañamiento psico-social. También destacó la relevancia de conformar una red de espacios de memoria entre los diferentes centros destinados a este fin.

«VAMOS TARDE»

Pili Zabala hizo hincapié en el espacio de acompañamiento pisco-social para quienes aún sufren «las consecuencias de las vulneraciones de derechos». Recordó que se han venido celebrando diferentes encuentros y jornadas, e incluso uno de los Cursos de Verano de la UPV-EHU de 2024.

«El año pasado redactamos una propuesta de acompañamiento, y la trasladamos a los Gobiernos vasco y navarro. En 2026 tenemos intención de poner en marcha un proyecto piloto en una comarca de Gipuzkoa. Nuestra sensación es que vamos tarde, y proponemos crear un pequeño espacio en La Cumbre, ofreciendo un apoyo médico, sicológico, legal, terapéutico…», explicó.

Tras esta primera exposición llegó el turno de los junteros. El representante habitual del PP en esta comisión es el irundarra Iñigo Manrique, pero ayer su puesto lo ocupó Jorge Mota, que también es edil en el Ayuntamiento de Donostia -que será quien reciba el edificio- y hermano de Ángel Jesús Mota, funcionario de la prisión de Martutene al que ETA mató de un disparo en la cabeza en 1990.

Mota reclamó que «no se relegue a las víctimas de ETA y también tengan un espacio en La Cumbre». Además, señaló que la ley contempla vulneraciones de derechos hasta 1983, por lo que por ejemplo no habría que incluir a Mikel Zabalza, que es de 1985.

«No me opongo a que en este espacio se recuerde a las víctimas del franquismo y de la actuación policial, pero que esté documentada». En este aspecto, indicó que «no me vale decir ‘hablamos de 4.000 torturados’», en referencia a un informe encargado por el Gobierno de Lakua sobre el periodo 1960-2013.

RED DE CENTROS

Buces replicó que el proyecto «fomentará el respeto a todas las víctimas» y que «dará a conocer todas las vulneraciones», pero que la Ley de Memoria Democrática explicita que San Cristóbal y La Cumbre serán espacios para recordar a las víctimas de la represión del Estado.

Pili Zabala apostilló que «claro que debería haber espacio para reconocer otras víctimas», pero tras leer parte de la sentencia por la muerte de su hermano subrayó que «quienes hemos sufrido violencia del Estado no hemos tenido los mismos derechos», y en lo referente a casos documentados recordó que hay muchos que están sin investigar y que «la Ley de Secretos Oficiales es un obstáculo» para ello.

En nombre del PNV, Ianko Gamboa destacó que «todos sabemos cuál es el simbolismo de La Cumbre y por qué se incluye en la Ley de Memoria. Los Derechos Humanos radican en la dignidad de todo ser humano, y la tortura es una barbaridad que anula esa dignidad. Eso se tiene que visibilizar en este país». El juntero jeltzale coincidió en que «el primer paso es la cesión y, una vez que esto se produzca, definir entre todos cómo tiene que ser». En su opinión, debe ser un espacio «que refleje todas las vulneraciones, pero uno de los ejes tiene que ser el secuestro, tortura y asesinato de Lasa y Zabala».

Por su parte, Luix Barinagarrementeria (EH Bildu) insistió en que lo prioritario es la cesión y en que «hay razones de sobra para reconocer a las víctimas del Estado en La Cumbre, aún hay mucho trabajo que hacer en este campo. Todas las víctimas merecen justicia, verdad y reparación, pero hasta ahora ha existido una descompensación».