Los responsables de Interior de la Unión Europea (UE) han empezado a debatir cuestiones hasta ahora descartadas, como los «centros de retorno» para los migrantes en terceros países, sobre la mesa de la reunión informal de los ministros celebrada ayer. Cada cumbre endurece el tono, en un contexto de crecimiento de la ultraderecha y la xenofobia, que parece alimentar la radicalización de los Veintisiete.

El pasado otoño, los Estados miembros de la UE pidieron urgentemente una ley para acelerar la expulsión de inmigrantes ilegales, apenas unos meses después de haber aprobado ya una dura ley sobre migración, que debería entrar en vigor en 2026. Ahora, el comisario Magnus Brunner, encargado de presentar una propuesta a finales de marzo, opina que «nadie entiende» que «solo» se ejecuten el 20% de las decisiones de expulsión dentro de la UE y aboga por «normas más estrictas en materia de devoluciones».

El titular de Interior de Polonia, Tomasz Siemoniak, manifestó que quiere ver un «impulso fuerte» a la política migratoria en la reunión.

Entre las ideas exploradas se encuentra la apertura de centros en países fuera de la UE para enviar a las personas cuyas solicitudes de asilo han sido rechazadas y que se enfrentan a la obligación de abandonar el territorio.

Los países escandinavos, encabezados por Dinamarca, presionan abiertamente para la rápida creación de estos centros, junto con Polonia, Austria, Países Bajos e Italia, un modelo que pone en cuestión el respeto a los derechos humanos y plantea dudas sobre su carácter como centros de detención o sobre la responsabilidad de países externos en su gestión.

Otros Estados piden que no se instalen en sus fronteras, por miedo a sufrir flujos de migrantes que quieran volver a entrar en la UE.

Ante las opiniones divergentes, la Comisión podría poner sobre la mesa en marzo una propuesta tímida pero que abriría la puerta al modelo: un texto que pediría que se explore la opción de los «centros de retorno», sin incluir proyectos concretos.