La oposición al proyecto de un centro comercial y un parking con 200 plazas bajo el cerro de San Bartolomé ha unido a Elkarrekin Donostia y al exalcalde del PSE Odón Elorza, y dio ayer como fruto una comparecencia conjunta que tuvo lugar en el Ayuntamiento. La operación cuenta también con el rechazo de EH Bildu y el de comerciantes y vecinos de esta céntrica zona de la ciudad.

Víctor Lasa, portavoz municipal de Elkarrekin, consideró que se trata de «una operación innecesaria, ilegítima y, posiblemente, ilegal», que «supone un grave perjuicio para la ciudad en beneficio exclusivo de intereses privados».

«La ciudad pierde suelo público, pierde un conjunto monumental, pierde una zona verde, pierde su tejido comercial local y, sobre todo, pierde su dignidad, arrodillada al interés especulador», sentenció.

Se da la circunstancia de que este dossier arrancó en la época de Elorza como alcalde, con Jorge Letamendia, que también estuvo en la comparecencia, como concejal de Urbanismo.

Su proyecto implicaba la construcción de viviendas exclusivamente en régimen de venta libre y, además, el Consistorio se presentaba como avalista de la operación, con un riesgo de hasta 100 millones de euros. Todo quedó paralizado por una sentencia del Supremo que protegía algunos elementos arquitectónicos.

En 2013, bajo el mandato de Bildu, se alcanzó un acuerdo que modificaba el proyecto y contemplaba, entre otros aspectos, el mirador de la zona alta para proteger el muro de posibles derribos, el traslado de la fachada de la casa de baños, un hotel que conservara la fachada del antiguo convento -posteriormente se cayó y tuvieron que reconstruirla- y la construcción de 516 viviendas. Para la ladera norte se diseñó una zona verde con una escalera en forma de zig-zag y descansillos amplios, y bajo el cerro se habilitarían varias plantas para «uso terciario», sin definir cuál.

CON APELLIDO Y SIN LÍMITES

Fue ya en 2015, con la entrada del PNV en la Alcaldía, cuando se puso el apellido «comercial» a esos usos terciarios, y se rechazaron las enmiendas para delimitar la superficie de cada posible negocio, abriendo la puerta a un centro de grandes dimensiones.

En los últimos tiempos Elorza, ya sin responsabilidades políticas, ha hecho de esta cuestión su cruzada. El exalcalde y Letamendia solicitaron la anulación de la licencia otorgada a la sociedad New San Bartolomé al entender que no es legal porque incumple el «cómputo dotacional mínimo de espacios libres o zonas verdes para ese ámbito».

El Ayuntamiento respondió a su solicitud «sin ahondar en la presunta ilegalidad» de la modificación del Plan General efectuada en 2015 que permite la construcción del centro comercial, y ahora se abre un plazo de dos meses para interponer un recurso contencioso-administrativo.

Es una posibilidad que van estudiar con juristas y expertos, explicó Elorza, quien pidió a la ciudadanía apoyo económico. «Pedimos que se reconsidere la licencia antes de que empiecen las obras, porque luego va a ser más costoso si un tribunal las paraliza cuando ya estén iniciadas».

Víctor Lasa ahondó en que «esta operación no era necesaria» desde un punto de vista de las arcas municipales, porque «el Ayuntamiento y sus socios recuperaron su inversión antes de vender la parcela a New San Bartolomé SL. Han tenido diez años para corregir este error, pero han decidido seguir adelante, ampliando aún más el negocio privado».