Tras la presentación ya de 120 querellas en el Estado español por muertes violentas durante la dictadura franquista, únicamente cinco han sido admitidas a trámite, dos de ellas sobre ciudadanos vascos. Se trata de los casos de Josu Múgica Ayestaran y Txomin Letamendi, tal y como informó ayer Euskal Herriko Giza Eskubideen Behatokia (GEBehatokia) en una nota de prensa.

Dicho organismo resalta la «importancia» de sendos pronunciamientos judiciales, a los que se unen los otros tres impulsados por la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina contra los crímenes del franquismo (CEAQUA) y admitidos en juzgados de Madrid, Elda y Paterna.

GEBehatokia destaca que «se va rompiendo, si bien tímidamente, una tendencia mayoritaria entre los jueces españoles desestimando querellas y sus recursos para denegar la investigación penal y, en su caso, someter a juicio a los criminales franquistas».

Denuncia que «jueces que se acostaron franquistas y se levantaron demócratas han conformado un auténtico búnker judicial negacionista de las graves vulneraciones de derechos humanos cometidas entre los años 40 y 70 por el régimen franquista».

GEBehatokia añade que en dichos juzgados «se ha venido haciendo oídos sordos» a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, «plegándose a la preconstitucional Ley 46/1977 de Amnistía y, con ello, garantizando la impunidad de los aparatos del Estado».

Argumentan los impulsores de las querellas que estas cinco admisiones a trámite corroboran «nuestra tesis de que estos hechos constituyen indudablemente crímenes de lesa humanidad y, por lo tanto, imprescriptibles e in-amnistiables», tal y como reconoce el Derecho Internacional y la citada Ley 20/2022.

En ese contexto, destacan también algunos votos particulares del propio Tribunal Constitucional, «llamando ya a la apertura de investigaciones y una actuación proactiva por parte de los juzgados, en atención a dicha ley».

SEGUNDA VÍA ANTE LA ONU

GEBehatokia desvela que, para intentar revertir la actitud mayoritaria de los juzgados españoles, ya abrió en mayo una segunda vía, en este caso ante la ONU. En colaboración con CEAQUA, se presentó una comunicación conjunta ante los Relatores de la ONU para Ejecuciones extrajudiciales, el Relator para la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no repetición y el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones forzosas para que lleven a cabo un análisis sobre los pronunciamientos de los tribunales.

GEBehatokia echa de menos el acompañamiento jurídico de las instituciones, en concreto de Lakua y el Gobierno de Nafarroa.