El arresto del expresidete de Filipinas Rodrigo Duterte se produjo ayer en el aeropuerto de Manila atendiendo a la orden emitida por el Tribunal Penal International (TPI) como consecuencia de las operaciones llevadas a cabo en el marco de su «guerra contra el narcotráfico» -su promesa para llegar a la Presidencia-, que provocaron, según las autoridades, alrededor de 6.000 muertos, una cifra que se eleva hasta los 30.000, según organizaciones humanitarias.

El subdirector para Asia de Human Rights Watch (HRW), Bryony Lau, indicó en un comunicado publicado en la red social X que la detención de Duterte «es un paso clave para la rendición de cuentas en Filipinas».

«Duterte hace frente a cargos por crímenes contra la humanidad en relación con miles de ejecuciones extrajudiciales durante su ‘guerra contra las drogas’ entre 2011 y 2019. Su arresto podría acercar a la justicia a las víctimas y sus familias y envía el claro mensaje de que nadie está por encima de la ley», aseguró.

El académico, militante y exdiputado filipino Walden Bello escribió en la misma red social que apoya «sin fisuras» la detención de Duterte pese a ser consciente de que se produjo «en medio de la intensificación de la lucha por el poder de dos dinastías [Ferdinand Marcos Jr. (presidente) y Sara Duterte (vicepresidenta)] por las que siento el mayor desprecio» y de las intrigas que hay detrás. Señaló que el expresidente será llevado ante el TPI y «tendrá un derecho que no respetó cando ordenó quitarles la vida» a sus 27.000 víctimas, que no tuvieron juicio, y defendió el papel vital del TPI «para que pueda ser juzgado por la ejecución extrajudicial de unos 27.000 filipinos».

La investigación del TPI se basa en una denuncia presentada en 2018 por ONG y familiares de víctimas de la «guerra contra las drogas» de Duterte. El expresidente retiró unilateralmente a Filipinas del TPI en 2019, en respuesta a las críticas que recibió desde La Haya.

Su Gobierno trabajó para suspender las investigaciones del TPI en 2021 argumentando que las autoridades del país ya estaban llevando a cabo sus propias pesquisas y que, por lo tanto, el Tribunal de La Haya no tenía jurisdicción sobre el caso, dado que era un asunto abierto a nivel nacional.

COOPERACIÓN CON EL TPI

Sin embargo, el TPI falló en apelación en 2023 que la investigación podría retomarse tras rechazar las objeciones de Filipi- nas. El presidente, Ferdinand Marcos Jr., en el poder desde 2022, afirmó su disposición a cooperar si la Corte pedía su arresto, aunque no ha reintegrado al país en el TPI.

Horas antes de su arresto, desde Hong Kong, Duterte se mostró dispuesto a «entregarse» al TPI por las supuestas violaciones de derechos humanos cometidas en el marco de su controvertida política para hacer frente al consumo y tráfico de drogas.

«¿Cuál es mi pecado? Hice todo lo que estuvo en mi mano para fomentar la paz, para que los filipinos vivan en paz», dijo. Una tesis que mantuvo en la cuenta de Instagram de su hija Verónica, a la que se subió un vídeo donde interpelaba al fiscal general, Anthony Fadullon, desde la base aérea de Villamor sobre «¿cuál es la ley y cuál es el crimen que he cometido?».

«Muéstremela, la base legal para que esté aquí. Aparentemente, me han traído aquí no por mi propia voluntad, sino por la de otro», agregó, tras lo que Salvador Madialdea, su ex secretario ejecutivo, recordó que Filipinas no es ya un Estado miembro del TPI, ya que Duterte lo sacó.