A veces, algunas veces, el legislador tiene razón, porque las más de las veces, el legislador se apropia de la razón difusa o transforma su ideología en una supuesta razón de Estado. La duda más que razonable es si es posible hacer el menú de escuelas, cuarteles, fábricas, conventos, hospitales y hoteles populares por decreto. Fijar los días de la semana que hay que comer pescado, el número de piezas de frutas y verduras que deben entrar en la dieta y que sean de cercanía, abolir la sal y el azúcar y los postres sobrecargados. Probablemente cuando un ministro emprende estas acciones y las presenta en sociedad lo hace con la mejor voluntad, se siente alguien que ha dado un gran paso para que toda la población, especialmente niños y niñas, sean del estrato social que sean, puedan realizar comidas saludables que le llevarán hacia un ideal de vida y salud.

Pero, una vez liberados, todos los individuos acaban en sus propias redes de costumbres, hábitos, influencia de publicidades y facilidad para encontrar en cada esquina de su barrio o localidad todo tipo de incentivos para comer y beber los productos ultra elaborados con excedentes de azúcar, sal y de decenas de conservantes y otros productos químicos tolerados por las autoridades sanitarias competentes, sean locales, estatales o europeas. Y no basta, como con el tabaco, poner en el envase que mata o que tiene exceso de glucosa o de sodio, los seres humanos, de uno en uno, somos muy vulnerables y propensos a cubrir nuestros deseos y necesidades impuestas sin reparar en las consecuencias. No nos quitan los torreznos ni por decreto.