La Oficina para la Protección de la Constitución (BfV), los servicios de inteligencia del Ministerio del Interior, ha clasificado a Alternativa para Alemania (AfD), principal partido de la oposición, como «caso seguro de extremismo de derechas». El partido ya contaba con esa consideración en varios estados federados, incluidos los de Sajonia y Sajonia-Anhalt y Turingia. En este último ganó las elecciones regionales celebradas en septiembre. En las elecciones generales anticipadas del pasado 23 de febrero, AfD fue la segunda fuerza más votada, con un 20,8% de los votos.

La BfV concluye que «la concepción étnica y basada en la ascendencia que prevalece en el partido no es compatible con el orden democrático básico (...) pretende excluir a determinados grupos de población de la participación igualitaria en la sociedad, someterlos a un trato desigual que no se ajusta a la Constitución».

Como prueba. aporta el «gran número de declaraciones antiextranjeros, antiminorías, antiislam y antimusulmanas» de los líderes del partido.

El coliderazgo de AfD de Alice Weidel y Tino Chrupalla califica la decisión de «duro golpe a la democracia y claramente políticamente motivada». Las actuales encuestas sitúan a AfD como primera fuerza. «Al Gobierno solo le quedan cuatro días en el cargo», añadieron.

La ministra de Interior en funciones, Nancy Faeser, negó influencia política alguna.

El canciller saliente, Olaf Scholz, instó a «no precipitarse en relación con la posible prohibición del partido.

La prohibición depende del Constitucional, no de la BfV.