ELA presentó ayer el contenido de la propuesta de resolución que su Comité Nacional llevará para su aprobación al XVI Congreso, que celebrará los días 2 y 3 de junio en Bilbo. Su secretario general, Mitxel Lakuntza, y la responsable de Sindicalización, Ane Zelaia, quien defenderá el texto en el congreso, detallaron las líneas principales de la propuesta ‘‘Hacia un nuevo marco de soberanía y justicia social para Hego Euskal Herria’’.

ELA plantea para avanzar en el derecho a decidir, aunar fuerzas sindicales y sociales y reclamar competencias en leyes laborales y sociales, como puntos más importantes. Para lograr tal objetivo, apuesta por impulsar la movilización social, además de establecer «una estrategia de influencia hacia las fuerzas políticas abertzales para que sus propuestas se alineen con las aspiraciones sociales y nacionales de la clase trabajadora».

La resolución también propone sumar fuerzas con otros agentes sindicales y sociales «que compartan una visión transformadora del futuro político de Euskal Herria», promover un debate interno «con herramientas formativas, dirigidas especialmente a delegadas y delegados» y elaborar y aportar propuestas jurídicas, técnicas y sociales al debate institucional y político.

Ane Zelaia señaló que ELA defiende la participación social en el debate sobre el estatus político y que rechaza que «el futuro estatus político deba limitarse a una mejora respecto al marco actual».

HERRAMIENTA TRANSFORMADORA

Especificó que «no puede reducirse a una mera descentralización administrativa dentro del Estado español, sino una herramienta transformadora, capaz de garantizar los derechos sociales, laborales, culturales y políticos del pueblo vasco». Y la apuesta de ELA es «una República Vasca soberana».

En el caso de la CAV, Zelaia consideró «inaceptable» que algunas fuerzas abertzales «concedan al PSE la capacidad de vetar lo que se negociará en Madrid». Y sobre Nafarroa dijo que «las carencias democráticas del actual marco de autogobierno son aún más graves». Citó la Lorafna, « aprobada en 1982 sin ser sometida a referéndum» y la situación del euskara, «cuyo estatus es limitado y discriminatorio, al no contar con reconocimiento oficial».

Mitxel Lakuntza, por su parte, indicó que «ELA rechaza una gestión elitista del proceso y reivindica un modelo verdaderamente democrático, en el que la clase trabajadora pueda hacer valer sus aspiraciones e intereses», para lo que sería necesario que ese nuevo marco fuera refrendado «mediante votación popular».