El aval del Comité contra la Tortura (CAT) de la ONU a la denuncia de Raúl Fuentes, conocido el viernes, fue explicado ayer en Bilbo por su abogado, Olivier Peter, que subrayó su carácter pionero. Y es que nunca hasta la fecha se había establecido en un caso concreto que los tribunales no pueden declarar prescrito un delito de torturas. En la compare- cencia participaron también el padre y otros familiares de Fuentes, e Iratxe Urizar y Agus Hernán, desde GEBehatokia.

El dictamen sobre la imprescriptibilidad de la tortura es claro en la resolución, que se puede leer en NAIZ: «El Comité recuerda que la tortura surte efectos permanentes (…) Para muchas víctimas, el paso del tiempo no atenúa el daño y en algunos casos este puede aumentar como resultado del estrés postraumático, que requiere asistencia médica, psicológica y social que muchas veces no está al alcance de quienes no han obtenido una reparación», dice textualmente. Los tribunales españoles, sin embargo, despacharon el caso en 2018 afirmando que estaba prescrito. Y añadiendo que la denuncia de Fuentes había sido presentada tarde; algo lógico, apunta el CAT, puesto que se encontraba exiliado.

En sus alegaciones, las marcas producto de la «tortura de los lápices» sufrida por Fuentes en la comisaría de la Policía española en Bilbo en 1991 se han intentado justificar desde Madrid alegando que pudieron ser heridas producidas por algún anillo que llevara. Su denuncia refirió, además de esa presión con lápices entre los dedos que provocaba fuertes dolores, golpes, amenazas y un simulacro de fusilamiento en el monte Pagasarri.

90 DÍAS

Madrid tiene ahora un plazo de 90 días, hasta finales de julio, para informar sobre qué medidas concretas va a tomar en cumplimiento de esta decisión. Peter recordó que los nombres de los policías están recogidos en el expediente, por lo que «no será difícil localizarlos e interrogarlos».

¿Cabe tomar alguna iniciativa para el caso de que Madrid no haga nada? «Si la Fiscalía, y nos tememos que sea así, decide no actuar, valoraremos la situación, e incido en que en este camino requeriremos el apoyo de los gobiernos», avanzó Hernán. Ya han hablado de ello con la víctima, Fuentes, que sigue preso en Martutene.

El tribunal insta además al Estado español a cuatro cuestiones generales: Garantizar una investigación «pronta, imparcial, exhaustiva, efectiva e independiente» de los casos de tortura; «procesar, juzgar y castigar con penas adecuadas» a sus responsables; dar «reparación integral» a las víctimas; y «adoptar las medidas necesarias para favorecer garantías de no repetición». «Es el Poder Judicial quien debe actuar -remarcó el letrado-. ¿Cómo es posible que tras tantos años ningún juez de instrucción haya acudido al IVAC, con Paco Etxeberria, para consultar las ‘carpetas azules’ y abrir de oficio miles de investigaciones de tortura?». E instó, además, a revisar las condenas basadas en tortura, porque «decenas de personas siguen encarceladas hoy sobre pruebas ilegales». Más allá de lo jurídico, destacó el «papel fundamental de la sociedad civil» puesto que esta decisión no hubiera sido posible «sin la movilización de los allegados de Raúl ni el trabajo de GEBehatokia y la Organización Mundial contra la Tortura», a los que sumó el informe del IVAC en el que se incluyó el caso de Fuentes.

«PEQUEÑAS GRIETAS»

Desde GEBehatokia, Iratxe Urizar y Agus Hernán saludaron que «empiezan a aparecer pequeñas grietas en la monolítica justicia penal» española frente a la tortura. Citaron el caso de Iratxe Sorzabal, admitido por la AN, pero lamentando que «tras tantas décadas de impunidad, la inactividad y el cierre de filas han llevado a la vía muerta de la prescripción a la gran mayoría, por no decir todos los casos de torturas».

Junto a ello citaron que la Ley de Memoria Democrática española ha abierto una vía para presentar querellas contra violaciones de derechos humanos en el franquismo. «Si estos delitos son imprescriptibles y no amnistiables en dictadura, ¿por qué deben serlo en una supuesta ‘democracia consolidada’?», plantearon como contradicción flagrante.

Añadieron una apelación a los Gobiernos de Lakua e Iruñea para «acompañar en hacer frente al reto colosal que supone otorgar justicia a las víctimas de las gravísimas vulneraciones de derechos humanos del Estado».