Juankar Alberdi Martirena «Krakas» falleció el 15 de junio de 1988 en la cárcel de Herrera de la Mancha. Un acto en Urnieta lo recordó ayer, dentro de la dinámica de Egiari Zor en favor de la verdad sobre estos casos de violencia estatal, y que traslada además una idea en el caso de las víctimas de la política penitenciaria de excepción: «Era evitable».

Así lo subrayó Pilar Garaialde, representante de la Fundación Egiari Zor, poniendo por delante datos que hablan por sí solos: en las últimas cuatro décadas, «en el periodo presuntamente democrático, 36 presos políticos vascos y 16 familiares de estos han perdido la vida en diferentes situaciones, debido a las medidas de excepción que se han aplicado sistemáticamente. Además, otras dos personas se suicidaron para evitar su ingreso en prisión. Estas muertes pudieron haberse evitado. Si los derechos humanos hubieran prevalecido por encima de la venganza, el castigo añadido, la seguridad o cualquier otra consideración, la realidad hubiera sido bien distinta».

El caso concreto de Alberdi está muy ligado a una prisión de triste recuerdo: Herrera de la Mancha. Allí murieron cuatro presos vascos. Este preso falleció apenas cuatro meses después de otro, Mikel Lopetegi, y dos años más tarde de Joseba Asensio. Es decir, tres fallecidos en apenas 24 meses. A «Krakas» no se le había diagnosticado ninguna enfermedad, pero con apenas 30 años le sobrevino un edema pulmonar fatal. Los peritos del Instituto español de Toxicología afirmaron que la asfixia consiguiente resultó determinante y que no se pudo hacer nada por su vida.

«Estas muertes tienen algo en común -remarcó Garaialde en Urnieta-: En todas ellas la aplicación de medidas políticas excepcionales como modus vivendi ha sido decisiva. Negar la debida atención sanitaria, aplicar de forma arbitraria los protocolos contra las enfermedades incurables, las duras condiciones de vida dentro de la cárcel, el aislamiento prolongado, la clasificación sistemática en primer grado o inclusión en fichero FIES, la intervención permanente de las comunicaciones, el alejamiento, la dispersión...», enumeró. Y todo ello aplicado «mientras no se produjese una renuncia de sus aspiraciones políticas» por parte de personas presas como Juankar Alberdi.

HORA DE RECONOCER

El acto hizo hincapié en que «los estados deberán reconocer que, en el marco del conflicto, en base a unos objetivos políticos, asumieron que algunas personas presas y sus familiares podían morir». En este contexto Pilar Garaialde se dirigió además a las instituciones vascas para reclamar que las leyes de reconocimiento de víctimas de violencia política «deben adaptarse necesariamente a parámetros internacionales en materia de derechos humanos, de forma que no se excluya a ninguna víctima».