Hace diez años, el Parlamento de Gasteiz aprobó la Ley de Vivienda con el voto en contra de PNV y PP. Los jeltzales, que ostentaban el Gobierno de Lakua, censuraron una norma que, a su juicio, «no reúne la calidad suficiente para recibir nuestro apoyo». «El texto no es que sea progresista o retrogrado, de izquierdas o de derechas. Es que es malo y se trata de un producto confuso», apuntó en la Cámara el jeltzale Norberto Aldaiturriaga, que llegó a alertar de que, con esta ley, «se ponen en cuestión los cimientos del Estado de derecho». Es más, Josu Erkoreka, portavoz del Ejecutivo en aquel entonces, afirmó que se trataba de una legislación «inviable», que provocaría un «efecto llamada masivo».

A la vista está que dicho vaticinio no se ha cumplido, y parece que al PNV, contrario también a la Ley de Vivienda estatal, no le disgusta tanto la norma autonómica. No en vano, el lehendakari, Imanol Pradales, participó ayer en un acto organizado en la Azucarera de Gasteiz para conmemorar la aprobación de una norma «pionera».

Él mismo reconoció en su intervención que la vivienda es un problema, «uno de los retos estructurales más importantes de esta década. Un reto que trasciende nuestras fronteras y que no solucionaremos con una fórmula mágica, porque no existe». E incidió en que «debemos afrontarlo con una mirada amplia y poliédrica, y actuar en todas las líneas a nuestro alcance, conscientes de que necesitaremos tiempo y que no lo solucionaremos exclusivamente desde lo público».

En este sentido, anunció la aprobación en la reunión del Consejo de Gobierno del próximo 8 de julio de una línea de avales dotada con 144 millones de euros que tiene por objeto complementar la financiación hipotecaria de quienes desean emanciparse y comprar su primera casa. Se gestionará a través del Instituto Vasco de Finanzas y las entidades financieras que se adhieran.

Según explicó, podrán beneficiarse de esta línea de avales las personas de entre 18 y 39 años que hayan residido al menos dos de los últimos cinco años en la CAV y cuyos ingresos no superen los 50.400 euros anuales en caso de solicitante único, o 86.400 euros si son dos solicitantes. El aval cubrirá el importe que supere el 80% del valor mínimo entre tasación y compraventa, hasta un máximo del 100%, y siempre para inmuebles con un precio máximo de compra de 340.000 euros. Además, avanzó que en los próximos meses se prevé también la puesta en marcha de un aval destinado a cubrir las fianzas de los contratos de alquiler.

«HOY, SIN DUDA, SOMOS MÁS»

Pradales no se refirió en ningún momento a la postura que mantuvo el PNV hace diez años. Sí lo hizoel consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, del PSE, quien recordó que en 2015 «no fuimos capaces de generar un consenso pleno entre todos los partidos políticos mayoritarios. Diez años después, el tiempo y la experiencia se han encargado de fortalecer y propiciar ese gran acuerdo que entonces no fue posible concitar».

«Hoy, podemos decir con orgullo, y la presencia de nuestro lehendakari en este acto habla por sí sola, que el acuerdo, el pacto, gozan de la solidez del cemento armado, y que evidencian que este asunto ocupa un lugar central en la agenda de este Gobierno. Hoy, sin duda, somos más. Y ampliar los consensos siempre es una buena noticia, más si cabe cuando hablamos de una necesidad tan básica y troncal como lo es la vivienda», aseveró antes de manifestar que «nuestra ley constituye la clave de bóveda de la arquitectura jurídica de nuestro país en materia del derecho a la vivienda y una exigencia política y social de primer orden».

Destacó que, desde la aprobación de la ley, «el parque actual de vivienda en alquiler asciende a 28.000 viviendas de las que 18.000 son gestionadas por Alokabide, y más de 3.000 unidades convivenciales han accedido a una vivienda de alquiler. A día de hoy, 33.000 personas reciben una prestación económica destinada a sufragar gastos de vivienda en alquiler». Itxaso reconoció que «estas cifras no son todo lo satisfactorias que quisiéramos», pero no reparó en el aumento de la demanda de alquiler social. Se ha multiplicado por dos el número de demandantes en Alokabide: de 42.193 a 83.617.