La relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, censura en su último informe la participación de la empresa guipuzcoana CAF en el proyecto de tren ligero de Jerusalén, al considerar que esta línea contribuye a «establecer y ampliar las colonias».

Una versión adelantada del informe, que se presentará esta semana ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, se hizo pública ayer y en ella se denuncia que Israel ha establecido una «economía del genocidio» en Gaza y Cisjordania, de la que se benefician multinacionales de sectores como el tecnológico, el bancario o el armamentístico.

Pide, además, que el Tribunal Penal Internacional (TPI) investigue y persiga a altos cargos de estas empresas y a las propias entidades «por su implicación en la comisión de violaciones del derecho internacional» y en el lavado de dinero obtenido mediante esos crímenes. En dicho informe, tal y como señaló ayer la plataforma BDZ de Euskal Herria, se cita la participación de CAF en el proyecto de mantenimiento y ampliación de la Línea Roja del metro ligero de Jerusalén y en la construcción de la nueva Línea Verde.

Según consta en el documento, «estas líneas incluyen 27 kilómetros de nuevas vías y 50 nuevas estaciones en Cisjordania, que conectan las colonias con Jerusalén Oeste».

Albanese señala que este tipo de infraestructuras tienen como objetivo «establecer y ampliar las colonias y conectarlas con Israel», excluyendo a los palestinos.

Recuerda que CAF se unió a un consorcio con una empresa que está incluida en la base de datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, después de que otras compañías se retirasen del proyecto «por la presión internacional».

CAF, que comenzó el proyecto en 2019, también ha sido sometida a presión para que abandone esta infraestructura, e incluso Amnistía Internacional ha planteado el asunto en las últimas Juntas Generales de Accionistas de la compañía vasca.

Tras conocer la inclusión de la empresa en el informe de la relatora, la plataforma BDZ y el Comité de Solidaridad con la causa Árabe (CSCA) exigieron que CAF «se retire definitivamente de cualquier proyecto con la Administración pública del régimen genocida de Israel, asumiendo los costes de reparación de esta medida».

También piden a los Gobierno de Lakua y de Nafarroa, así como a los accionistas de Kutxabank Cartera Social, que, «de manera inmediata, empleen su capacidad de presión», incluyendo las compras públicas y la participación accionarial del Ejecutivo, «para que CAF se retire de este proyecto».

De IBM y Microsoft a BP, Booking y Airbnb

El informe de Francesca Albanese identifica a las principales corporaciones que se aprovechan de la ocupación y del genocidio en Palestina y urge a los Estados miembros de la ONU a obligarlas rendir cuentas y afrontar consecuencias legales. Apunta a BlackRock o Vanguard, dos las principales inversoras en armamento para el Ejército israelí. Y cita a las tecnológicas IBM, por permitir a Israel la recolección y almacenamiento de datos biométricos de los palestinos para sostener su régimen discriminatorio, y Microsoft, por proporcionar tecnologías utilizadas en prisiones y operaciones de los cuerpos de seguridad. Aparecen también Amazon, Google Caterpillar, Hyundai, Volvo, la suiza Glencore o la estadounidense Drummond, las petroleras BP y Chevron, la naviera Maersk, y servicios de reservas hoteleras como Booking o Airbnb, que fomentan el «turismo de ocupación».GARA