Un estudio presentado ayer por el Gobierno de Lakua establece que el rango estimado para el salario mínimo de convenio en la CAV debería oscilar entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas, lo que supone un incremento de entre el 7 y el 17% respecto al SMI estatal. Según el Departamento de Economía, Trabajo y Empleo, esta horquilla «guarda coherencia con el mayor coste de vida en Euskadi», estimado entre un 7 y un 11% superior al conjunto del Estado español.

En un desayuno informativo organizado en Bilbo, el vicelehendakari y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, destacó que el estudio, elaborado por Ikertalde junto al equipo técnico del Departamento, presenta una «propuesta rigurosa, con datos contrastados y contextualizada en la realidad socioeconómica de Euskadi», para fijar «una base técnica y objetiva que sirva de punto de partida para el diálogo entre los agentes sociales».

«El estudio no impone ni sustituye, lo que hace es aportar datos acerca de este asunto», señaló Torres, que incidió en que el trabajo realizado «evidencia las brechas salariales, hace visible la realidad de los salarios más bajos y pone en valor el potencial transformador de una negociación colectiva informada, ambiciosa y coherente con los valores de equidad y justicia social».

Aseveró que uno de los aspectos destacados del informe es la constatación de que el 87,8% de las personas trabajadoras en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa están cubiertas por la negociación colectiva, y advirtió de que el documento pone de relieve que los salarios más bajos se concentran entre quienes quedan al margen de esa cobertur a: 48.300 personas. Más de la mitad, algo más de 27.000 personas se corresponden con personas empleadas del hogar.

Los bajos salarios también son una constante en el empleo a tiempo parcial, que afecta sobre todo a las mujeres. Según los datos recogidos, cerca de 140.000 personas trabajan a tiempo parcial en la CAV, 103.000 de las cuales son mujeres (73,6%) frente a solo 37.000 hombres (26,4%).

TRABAJADORES POBRES

El consejero estuvo acompañado del viceconsejero de Economía, Iñaki Ruiz; de la viceconsejera de Trabajo y Seguridad Social, Elena Pérez, y del viceconsejero de Empleo e Inclusión, Alfonso Gurpegui. Este último recordó que 17.800 personas reciben la RGI como complemento a su salario y reconoció que «tener un empleo no garantiza estar al margen de riesgo de pobreza o ausencia de bienestar».

En este sentido, Pérez apuntó que un 3,1% de las personas trabajadoras a tiempo completo se verían beneficiadas de una subida del SMI. No obstante, quedarían lejos del salario medio, que se sitúa en 35.332 euros. Y subrayó que el verdadero reto está en extender la cobertura de los convenios colectivos a quienes hoy quedan fuera.

En el tramo final de su intervención, Torres hizo un llamamiento a los agentes sociales para que «acuerden un salario mínimo de convenio en Euskadi que tenga en cuenta su estructura productiva y de relaciones laborales». «Este es un estudio riguroso, abierto, con vocación de ser útil. Un estudio técnico, pero su impacto será político y social si logra impulsar acuerdos amplios», indicó.

Además, anunció la puesta en marcha de una operación estadística específica sobre la estructura salarial, ya que, según explicó Ruiz, en el desarrollo del estudio se han encontrado con un «obstáculo relevante», como es la falta de una estadística propia.