Piezas sueltas del puzzle. José Manuel Entrecanales dice que su empresa, Acciona, no tiene nada que ver con ningún caso de corrupción. Que ellos están limpios -se duchan y cambian de ropa todos los días- y que el representante de la empresa en Nafarroa, Fernando Agustín Merino Vera, actuaba con la autonomía propia de su cargo, pero que fue despedido en 2021 por pérdida de confianza de sus superiores jerárquicos. Antes de despedirlo -o de pactar su salida de la empresa, según el exdirectivo- nunca le preguntaron de dónde venían las adjudicaciones públicas con las que Acciona ganaba dinero a espuertas. Eso hubiera sido una ordinariez y una falta de consideración después de todo el trabajazo que se había dado.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil tampoco ha entrado en la sede social de Acciona, como lo ha hecho en otras empresas y organismos públicos. Se ha limitado a enviarle un requerimiento formal solicitando el volcado del correo de Fernando Agustín Merino Vera. Desde Acciona han contestado que el volumen del contenido es enorme, y que las cosas de palacio van despacio. Que ya se lo remitirán.

El máximo responsable de la seguridad global de Acciona -el coronel Sánchez Corbí, condenado por torturar a Kepa Urra y, pese a ello, Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional (heredera del Tribunal de Orden Público franquista)- fue, antes de dejar el instituto armado, jefe de la UCO.

Por qué grababa Koldo García Izaguirre compulsivamente a todo el que se le acercaba? ¿Para tener un salvoconducto en caso de naufragio o porque había llegado a algún tipo de acuerdo con las cloacas del Estado para participar «por otros medios» en el derrocamiento del Gobierno de Sánchez y de las fuerzas políticas que lo sustentan? ¿Y con qué intencionalidad dejó Koldo esas grabaciones en su casa, a la vista? En enero de 2024, la UCO entró en su domicilio y las requisó.

Dando por cierta la existencia de la trama corrupta, es obvio que existe un gran interés en la derecha por dar a conocer los informes secretos de las policías judiciales y los escritos internos de los juzgados con el fin de reventar a sus adversarios ante el electorado y hacerle creer a este que esos informes y escritos son ya una sentencia judicial firme.

Debido a que la derecha carece de un proyecto de gobierno -lo que propone remite a un pasado que no tiene futuro-, sus intervenciones en el Congreso de los Diputados se reducen a argumentos ad personam, a la calumnia y a decir a todo que no. Como eso les conduce a un callejón sin salida, se ven obligados a crear en la opinión pública un estado de inseguridad y alarma con la pretensión de que induzca un clamor favorable a la disolución de las Cortes Generales y a la convocatoria de elecciones.

Es verdad también que el PSOE se ha convertido en un lastre para encontrar una salida al actual momento político. Está atrapado en su autorreferencialidad. Es uno de los fundadores del club del 78 y no quiere darse de baja de él, porque piensa que si lo deja se estaría haciendo el harakiri.

Ahora bien, ¿quiénes realizan este trabajo sucio cuya cara visible son el Partido Popular y Vox? Los poderes fácticos que están incrustados en todos los ámbitos de la sociedad y del Estado: policías patrióticas, un sector de la judicatura, la caverna política, las cúpulas económicas y financieras, la brunete mediática, la Iglesia institucional… Los poderes fácticos entienden el derecho como la voluntad de los sectores sociales dominantes. Si están implicados los suyos, se obstaculizan permanentemente las causas hasta su dilución por sobreseimiento, prescripción o indulto; si se trata de los adversarios, se retuerce la ley hasta hacerla decir lo que se quiere que diga. Caso de no ser esto posible, se fabrica la prueba. Una estrategia conocida comúnmente como derecho penal del enemigo.

El jefe de Estado anterior se ha forrado cobrando comisiones (dicen que tenía en Zarzuela una máquina para contar billetes). Lo cazaron in fraganti. La Hacienda estatal miró para otro lado. Forzada por las evidencias y a regañadientes, le obligó a regularizar su situación fiscal y le impuso unos recargos de todo a cien. Después, él cogió el tren -un tren con alas- y se fue a la Estación Termini (Abu Dabi). Fin del trayecto. A partir de esta excursión, nada por aquí, nada por allá.

Cuando se muera, le enterrarán en el panteón real de El Escorial, y lo suyo sería que en su lápida grabarán la frase de Groucho Marx: «Estos son mis principios, si no les gustan, tengo otros».

Por más que la prensa cumpla su función -ahí están los periodistas de “El País” consignando ante notario que disponían del correo sobre los malabarismos tributarios de la pareja de Isabel Díaz Ayuso antes que el fiscal general-, un número significativo de jueces, esa cofradía endogámica que debería tener como asignatura troncal de su formación la lectura obligatoria de las obras completas de Sigmund Freud, más que nada para que les ayudara a paliar, al menos en parte, su tendencia irrefrenable a la omnipotencia y al narcisismo, vienen a sentenciar, día sí y día también, que no es bueno que gobierne la izquierda. Sobre todo, esa izquierda que se llama Jon, cuando debería llamarse Juan.

Horas y horas de discusiones estériles y tediosas en los medios para nada, porque es evidente que no hay nada de que discutir. Está todo demasiado claro. Una clase privilegiada e impune vive, y quiere seguir viviendo, a costa del resto de la ciudadanía. Punto.

Sin embargo, no se quieren introducir cambios en este modus operandi, porque quienes defienden y mantienen el Estado de desecho que padecemos dicen que en eso consiste la sociedad del bienestar: «Cuanto peor, mejor para todos; y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio político».

Pero, de verdad, ¿qué relación tiene lo que nos cuentan con la realidad?

Pasarán muchas generaciones hasta que en Hispanistán las élites dejen de escoger la partitura al son de la cual tiene que bailar todo quisque. Tres siglos viviendo de espaldas a las transformaciones políticas, económicas y sociales que han venido sucediéndose en Centroeuropa tienen un coste.