La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha determinado que incumplir las obligaciones climáticas es «un acto internacionalmente ilícito», que puede dar lugar a «reparaciones» al país perjudicado, y considera que los tratados sobre cambio climático establecen «obligaciones vinculantes» a los países firmantes de «prevenir daños significativos».

El juez presidente, Iwasawa Yuji, subrayó ayer en la Haya que los países tienen «la obligación de adoptar medidas para contribuir» a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y a la adaptación climática, y advirtió de que los tratados sobre cambio climático establecen «obligaciones vinculantes» para «prevenir daños significativos».

En su opinión consultiva, solicitada por la Asamblea General de la ONU en marzo de 2023, la Corte considera que los países tienen «el deber de prevenir daños significativos» al medioambiente, y «deben utilizar todos los medios a su alcance para evitar que actividades dentro de su jurisdicción o bajo su control causen tales daños».

El sistema climático, señaló, «debe ser protegido» para las «generaciones presentes y futuras». Además, indicó el juez, que los países firmantes de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (Cmnucc), lo que incluye a la Unión Europea, Estados Unidos y China, tienen «la obligación de adoptar medidas para contribuir a la reducción» de emisiones de gases de efecto invernadero «de origen humano», así como a la adaptación.

Para la CIJ, el «incumplimiento» por parte de un Estado de «cualquiera» de sus obligaciones climáticas constituye «un acto internacionalmente ilícito que implica su responsabilidad» y las consecuencias legales de ello pueden incluir «el cese de la acción u omisión ilícita, si continúa en el tiempo». Además, se le pueden exigir «garantías y promesas de no repetición», así como «la reparación total al Estado afectado, en forma de restitución, compensación o satisfacción», lo que se estudiaría «caso por caso», dependiendo de las circunstancias de cada situación.

No obstante, el tribunal condiciona esto al cumplimiento de las condiciones generales del derecho internacional sobre la responsabilidad del Estado, lo que requiere una «relación causal clara y directa entre el acto ilícito y el daño causado». En este sentido, la CIJ defiende el «derecho humano a un medioambiente limpio, saludable y sostenible» y advierte de que este es «inherente al ejercicio de otros derechos fundamentales», como el derecho a la vida, la salud y un nivel de vida adecuado, incluyendo el acceso al agua, la alimentación y la vivienda.

Las «consecuencias» del cambio climático a nivel global, dijo Yuji, son «graves y de gran alcance», y destacó que sus efectos sobre las diferentes poblaciones reflejan «la amenaza urgente y existencial» que representa la crisis climática. Alertó de que las emisiones de gases de efecto invernadero son «inequívocamente causadas por actividades humanas, sin límites territoriales».

DICTAMEN «HISTÓRICO»

La organización medioambiental Greenpeace celebró el dictamen emitido por la Corte Internacional de Justicia reconociendo la responsabilidad de los Estados en la lucha contra el cambio climático, y manifestó su esperanza en que sirva para iniciar nuevas acciones ciudadanas.

Para Greenpeace, la decisión de la CIJ «representa un hito en la protección de la población afectada por la crisis climática, al reforzar las responsabilidades de los Estados más allá de lo dispuesto en el Acuerdo de París e incorporar nuevas obligaciones derivadas del derecho internacional de los derechos humanos». La ONG considera que la resolución realiza «afirmaciones trascendentales», como que el incumplimiento del Protocolo de Kioto es un acto internacionalmente ilícito, o que las contribuciones estatales a la reducción de emisiones no son discrecionales, sino que deben contribuir al objetivo legalmente vinculante de conseguir un aumento global de la temperatura de 1,5º C.

«Los Estados ya no pueden seguir eludiendo sus obligaciones climáticas, y los contaminantes deben pagar por los daños que han causado. A partir de este momento, los tribunales nacionales deben aplicar esta doctrina internacional, haciendo que tanto Gobiernos como empresas rindan cuentas», declaró Lorena Ruiz-Huerta, abogada de la ONG.

Greenpeace valoró esta resolución «ante la proliferación de fenómenos meteorológicos extremos en todo el mundo, que amenazan la salud y la vida de millones de personas, como la dana del 29 de octubre de 2024, los recientes incendios de más de 3.000 hectáreas ocurridos en diferentes comunidades autónomas, o las recientes olas de calor de junio, que han causado más de 1.000 muertes».

«En un momento en que cada vez más comunidades de todo el mundo recurren a la justicia para proteger nuestro futuro, esta decisión dará un nuevo impulso a las iniciativas ciudadanas y fortalecerá la creciente ola de acciones legales para una acción climática más ambiciosa», aseguró en un comunicado el experto en clima de Greenpeace Suiza, Georg Klinger, sobre el histórico dictamen de la CIJ.

Refugio climático para Tuvalu

El 78% de los habitantes de Tuvalu, una nación insular del Pacífico amenazada de desaparición por la crisis climática, han solicitado un visado de refugiado climático que por primera vez otorgará Australia, según las cifras oficiales divulgadas ayer. «Recibimos gran interés en la aplicación, con 8.750 inscripciones», apuntó en un comunicado el Alto Comisionado de Australia en Tuvalu.

La cifra de solicitantes equivale al 78% de la población del país, de 11.204, según los datos del Ministerio de Exteriores. Australia tiene previsto anunciar mañana las primeras 280 personas que obtendrán este visado, parte de un tratado bilateral que entró en vigor en agosto de 2024 y que permite a los ciudadanos de Tuvalu ir a Australia a vivir, trabajar y estudiar. Los seleccionados, que deben ser mayores de 18 años, tendrán 60 días para cumplimentar el visado. El primer ministro, Anthony Albanese, justificó la emisión de estos visados en que Tuvalu es «extremadamente vulnerable al cambio climático».

Para finales de siglo, se prevé que las tres islas coralinas y los seis atolones que conforman Tuvalu desaparecerán por la crisis climática, que ya ha provocado la pérdida de cultivos, viviendas y fuentes de aguas. GARA