Álvaro Uribe, «el hombre más poderoso del país», en palabras de la jueza que lo condenó el lunes en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, se convirtió en el primer expresidente colombiano (2002-2010) en ser condenado. Por estos delitos podría ser sentenciado a entre cuatro y ocho años de cárcel.

El fallo condenatorio en el «juicio del siglo» contra Uribe, de 73 años y fundador del partido de derecha Centro Democrático, fue leído por la jueza 44 Penal del Circuito de Bogotá, Sandra Heredia, en una audiencia de más de diez horas y que acaparó la atención del país en los canales de televisión y redes sociales.

Heredia aseguró que las pruebas presentadas por la Fiscalía en el juicio fueron lo suficientemente sólidas como para anunciar contra Uribe un «fallo de carácter condenatorio por las conductas punibles de soborno en actuación penal, en concurso homogéneo en tres oportunidades y en concurso heterogéneo en relación con el fraude procesal».

La lectura de la sentencia fue fijada para este viernes. Heredia anticipó que para estos delitos la ley prevé una condena de «un monto superior a cuatro años e inferior a ocho», aunque consideró que Uribe, de quien elogió al comienzo de la jornada su «gallardía y cordialidad», «se hace merecedor de la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión».

Sin embargo, la fiscal del caso, Marlene Orjuela, pidió una pena mayor, de nueve años, y una multa de 1.025 salarios mínimos legales vigentes, que equivalen a 1.458 millones de pesos colombianos (unos 349.000 dólares).

Los defensores de Uribe, encabezados por el letrado Jaime Granados, anunciaron que que el fallo será apelado ante el Tribunal Superior de Bogotá y, «de ser necesario, se acudirá a la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia».

Además de los dos delitos por los cuales fue condenado, Uribe fue absuelto de un tercero de soborno simple, todos como parte de un proceso que él mismo inició en 2012 cuando demandó ante la Corte Suprema de Justicia por supuesta manipulación de testigos al congresista Iván Cepeda, que en esa época preparaba una denuncia en el Senado en su contra por sus supuestos vínculos con los paramilitares.

RESPUESTA A MARCO RUBIO

En respuesta a este fallo, el secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, habló de «instrumentalización» de la Justicia colombiana por «jueces radicales» que, a su juicio, sienta «un precedente preocupante». Para Rubio, «el único delito del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria».

La ministra de Exteriores de Colombia, Rosa Yolanda Villavicencio, rehazó tales declaraciones. «Su intromisión en asuntos judiciales colombianos vulnera nuestra soberanía y desconoce la independencia de la justicia», afirmó.

El presidente Gustavo Petro respondió a Rubio que «el mundo debe respetar los jueces de Colombia, muchos y muchas han caído asesinados, por ayudar al mundo».

La senadora de Centro Democrático de Uribe y precandidata para las elecciones presidenciales de 2026 Paloma Valencia tachó el fallo como «una venganza» y «un ataque» porque, según sus palabras, «Petro le tiene miedo a Uribe».

La Corporación de Jueces y Magistrados pidió a las autoridades que proporcionen «las medidas de protección que se requieran» a fin de «garantizar a todos los jueces de la República y a sus respectivos equipos de trabajo las condiciones necesarias para el cumplimiento de sus funciones». Y mostró su solidaridad y apoyo a la jueza.