Una gran manifestación marchó ayer por las calles de Beirut para conmemorar el quinto aniversario de la explosión en el puerto que dejó más de 200 muertos y 6.500 heridos en la ciudad, para exigir justicia, con la investigación judicial aún casi paralizada un lustro después de la tragedia.

Un año más, los familiares de las víctimas convocaron dos marchas paralelas, una desde la capitalina plaza de los Mártires y otra desde la estación de bomberos en el barrio de Karantina, que perdió a diez efectivos en la zona cero mientras trataban de contener el incendio que dio lugar a la explosión.

La de Karantina salió encabezada por un camión de bomberos del cuartel, que circuló junto a los manifestantes haciendo sonar las sirenas y ondeando en su mástil una enorme bandera libanesa manchada de rojo como símbolo de la sangre derramada hace cinco años.

En silencio, los participantes portaron fotografías de los fallecidos y también de heridos como Lara Hayek, mostrando una comparativa de la joven antes de la tragedia y de las secuelas sufridas.

Ambas marchas confluyeron frente al puerto de Beirut, donde se originó la tragedia, para el acto conmemorativo.

A modo de homenaje, se paró toda la actividad en el recinto portuario para realizar un minuto de silencio, hacer sonar las bocinas de los barcos y elevar las grúas en señal de respeto.

La investigación judicial por la deflagración, provocada por cientos de toneladas de nitrato de amonio almacenadas en el puerto de la ciudad durante más de seis años sin medidas de protección, ha sido obstaculizada constantemente por ex altos cargos y funcionarios sospechosos en el caso.

BLOQUEO POLÍTICO

El juez a cargo de la instrucción, Tarek Bitar, se vio obligado a suspender las pesquisas desde finales de 2021 hasta comienzos de este mismo año, cuando pudo ser retomada tras una serie de cambios al frente de las autoridades judiciales y el nombramiento de un nuevo Gobierno.

El magistrado Bitar incluyó entre los responsables de la tregedia a los exministros de Obras Públicas y Transporte Ghazi Zeaiter y Yusef Fenianos, y al extitular de Interior Nohad Machnuk.

Por su parte, el presidente de Líbano, Joseph Aoun, se reafirmó en su compromiso para llevar a sus responsables «sin excepción» ante la Justicia. «Cinco años después de la tragedia, nos presentamos ante las almas de los mártires, heridos y sus familias y de todos los libaneses para afirmar que la justicia no morirá y que la rendición de cuentas llegará inevitablemente», señaló.

Aoun aseguró que «el Estado libanés, con todas sus instituciones, se compromete a esclarecer toda la verdad, sin importar los obstáculos» al tiempo que defendió que «la justicia no conoce excepciones y la ley se aplica a todos sin discriminación».

Las palabras de Aoun contrastan con las denuncias de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, quienes advirtieron de que «a pesar de los reiterados llamamientos nacionales e internacionales para que se rindan cuentas, las autoridades libanesas no han completado una investigación efectiva, independiente e imparcial sobre la explosión».

En 2021, HRW denunció que responsables libaneses de alto nivel conocían los riesgos de este almacenamiento y no tomaron medidas al respecto, por lo que, como mínimo, hubo «negligencia criminal» bajo la ley libanesa y una «violación del derecho a la vida», según el derecho internacional.