El Consejo Presidencial de Transición de Haití (CPT) junto con el Gobierno han declarado el estado de emergencia en los tres departamentos del centro del país, Oeste, Artibonito y Centro, en medio de un repunte de la violencia. Las pandillas han multiplicado su actividad en la región Centro, especialmente en Artibonito, el departamento más grande.

En un comunicado, el CPT señaló que esta decisión tiene por objeto «continuar la lucha contra la inseguridad y responder a la crisis agrícola y alimentaria», y busca conceder «a las autoridades competentes el tiempo y los medios necesarios para restablecer la seguridad y la paz».

El jueves, al asumir la presidencia rotativa del CPT, Laurent Saint-Cyr declaró la guerra a las bandas armadas y pidió a la comunidad internacional enviar más soldados.

«Las bandas no tendrán la última palabra», advirtió el representante del sector privado en el Consejo, cuyo mandato de seis meses concluye el 7 de febrero de 2026, con la investidura de nuevas autoridades en un contexto en el que las elecciones previstas para finales de este año están en un punto muerto. En Haití opera la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) que, liderada por Kenia, la integran policías de varias naciones -y soldados en menor cantidad-, en la práctica no ha podido frenar el avance de las bandas que controlan el 90% de Puerto Príncipe y se han desplazado a otras zonas. A principios de 2024, la ola de violencia llevó al entonces primer ministro, Ariel Henry, a dimitir. En 2021 había asumido la Presidencia después de que un grupo armado irrumpiera y matara al presidente Jovenel Moise en su residencia oficial.

Los muertos también pagan, la guerra por enterrar seres queridos

Desde 2024, cementerios históricos han sido tomados por bandas armadas que extorsionan a las familias, que ya no pueden enterrar a sus muertos sin pagar un precio altísimo. «Estamos asistiendo a una transformación radical del duelo haitiano. Las prácticas colectivas que daban sentido a la muerte han sido desmanteladas por la lógica del miedo y la extorsión. Es la muerte de la muerte», dice Jean Wilner Jacques, doctor en Antropología y experto en cultura funeraria caribeña. Las puertas metálicas de las funerarias están cerradas, los coches fúnebres ya no circulan y el silencio es interrumpido solo por el paso ocasional de una ambulancia que se esconde en callejuelas vecinas.

«Desde febrero de 2024 no hemos podido trabajar. Los ataques armados destruyeron nuestras oficinas», cuenta el responsable de una funeraria en la calle Fleury Battier. Para los entierros, las funerarias deben contactar con el grupo armado que controla el cementerio si se quiere evitar un incidente el día del funeral. Es el caso del Gran Cementerio de Puerto Príncipe, fundado hace más de 250 años, y hoy bajo el dominio de las bandas. «La municipalidad ya no cobra tasas. Todo se paga a los grupos armados. Hasta 2.000 gourdes (15 dólares) solo por entrar con el cuerpo», afirma.

La socióloga Erika Louvert, experta en dinámicas urbanas de la región, sostiene que esta situación «no solo es una expresión del colapso del Estado, también redefine la forma en que las familias se relacionan con sus muertos. El duelo se ha vuelto clandestino».

El deterioro del sistema funerario también se refleja en las morgues donde cientos de cuerpos permanecen a la espera de sepultura. En muchos casos, no hay familiares que los reclamen, ya sea por desplazamiento forzado o por falta de recursos. La descomposición avanza rápidamente por los cortes constantes de electricidad.Sandrine EXIL (EFE)