Valtierra tenía, con datos de 2024, 2.464 habitantes. Según la Dirección General de Políticas Migratorias de Nafarroa, la población de origen migrante ronda el 15%. Si bien, esta entidad precisa que en ese porcentaje no se contabilizan aquellas personas que, nacidas en otro país, hayan adquirido la nacionalidad española.

En 2023, según la misma fuente, hubo 23 nacimientos y 14 de ellos (el 60%) eran de madre extranjera carente de nacionalidad.

Es en este contexto cuando Manuel Resa, el alcalde de UPN de Valtierra, promulgó una subvención de 3.000 euros por nacimiento que desató una fuerte polémica, dado que exigía una residencia continuada en la localidad de veinte años y, además, la permanencia en la localidad durante otros veinte años más.

Fue el propio Gobierno foral quien llevó el caso ante el Consejo de Navarra, para que el órgano consultivo valorara si se trataba o no de una medida discriminatoria y «sobre su compatibilidad con el ordenamiento jurídico y, en concreto, «con el principio de igualdad de trato y no discriminación».

El Gobierno entendía que las disposiciones que hubieran dejado fuera al menos al 60% de los niños nacidos en 2023 podrían suponer una discriminación «de manera indirecta a personas por su origen nacional, racial o étnico».

“Diario de Navarra” adelantó ayer el fallo de este Consejo, al que luego tuvo acceso GARA, donde los miembros fallan que fijar un empadronamiento de veinte años no se ajusta al principio de racionalidad, puede resultar discriminatorio y «difícilmente se ajusta al ordenamiento jurídico».

El dictamen, de más de 30 páginas, valora vulneraciones de la Declaración de los Derechos Humanos, la ley navarra Contra el Racismo y la Xenofobia y la Carta de Derechos Fundamentales de la UE.

Sostiene el Consejo de Navarra que el primer edil, al aplicar estos requisitos, está excluyendo de las ayudas «a personas que están contribuyendo a la finalidad que, según los términos de la convocatoria, se pretende lograr». Esto es, el aumento de la natalidad en la localidad.

Al hacerse público el dictamen, Cadena Ser contactó con el alcalde que, lejos de asumir el dictamen, asegura que está sopesando subir «en mil euros más» las ayudas, sin tocar los requisitos discriminatorios.

«LOS MIGRANTES NOS CUESTAN UN PASTIZAL»

Acto seguido y de forma airada, Resa lanzó perlas como «estamos recibiendo muchos inmigrantes que nos cuestan un pastizal» o «los menas esos, los señoritos esos que tenemos aquí y que nos cuestan 4.950 euros al mes». El discurso del alcalde no solo resultaba deshumanizador, pues siempre se refiere a los migrantes en tono despectivo con expresiones como «esta gente», sino también amenazador. Así, Resa advierte al periodista de que, de seguir así, en Erribera «va a haber una revolución».

Las declaraciones de Resa tuvieron impacto en la rueda de prensa que de forma semanal ofrece el Gobierno navarro. La vicepresidenta segunda, Ana Ollo, manifestó que las palabras del alcalde resultan «intolerables», valorando incluso que «incitan al odio», por lo que apuntó la posibilidad de una acción legal contra el primer edil por un delito de odio, en caso que un análisis jurídico lo apoye.

También reaccionó en Cadena Ser la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, quien consideró «inaceptables» e «impropias de un cargo público» las manifestaciones de Resa. Maeztu recordó que el 13% de los cotizantes hoy en Nafarroa son personas migrantes.