145.142 personas -gran parte de ellas afectadas por lo que piden- han firmado una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que la Administración autonómica complemente las pensiones inferiores al SMI, que, para Lakua, es «innecesaria». Porque según manifestó ayer el vicelehendakari segundo y consejero de Economía, Trabajo y Empleo, Mikel Torres, «la protección para los perceptores de pensiones ya está integrada en el sistema».

El Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria entregó el 15 de mayo en el Parlamento de Gasteiz las 145.142 firmas recogidas durante cuatro meses para la ILP dirigida a garantizar un complemento de pensiones. Según sus impulsores, de su aprobación podrían beneficiarse 100.000 pensionistas, de los que 65.000 son mujeres.

Se demanda la creación de un sistema vasco de complemento de pensiones que garantice que todos los pensionistas mayores de 60 años residentes y empadronados en la CAV tengan unos ingresos mínimos equivalentes al 100% del SMI.

El Gobierno de Lakua aprobó en su Consejo de ayer su criterio desfavorable a la tramitación de la propuesta advirtiendo de «sus riesgos de duplicidad, desigualdad e insostenibilidad financiera». Aunque su postura legalmente no es determinante, marcará el voto del PNV y del PSE, que tienen mayoría absoluta .

El criterio negativo del Gobierno de PNV-PSE se resume en que «la ILP no se ajusta ni a la normativa vigente ni a los principios de sostenibilidad, equidad y coherencia del modelo vasco de protección social», que supondría «un gasto inasumible» y que «no cumple los requisitos establecidos en el Reglamento del Parlamento en relación con las iniciativas que implican un aumento de los créditos presupuestarios.

Sin embargo, al inicio del proceso y conocido el contenido de la ILP, el informe de los servicios jurídicos del Parlamento reconoció que su debate entraba dentro de las competencias autonómicas, como recordaron sus promotores, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, tras la reunión en Lehendakaritza con Pradales y el propio Torres el 17 de julio.

RESPUESTA DE LOS PENSIONISTAS

«Con este informe desfavorable, nuestras peores expectativas sobre la posición del Gobierno se están cumpliendo y nos sentimos doblemente engañados», trasladaron ayer los pensionistas.

«Lejos de ser un informe jurídico, como se nos dijo en la reunión del 17 de julio, el informe que se nos presenta es un informe político sin ningún tipo de rigor ni de datos, sin correspondencia con el informe presentado junto a la ILP», censuran los promotores.

Avanzan también que la decisión de Lakua tendrá consecuencias y detallarán las movilizaciones el 8 de septiembre, día en que retomarán su dinámica de concentraciones.

REACCIONES DE EH BILDU Y ELA

EH Bildu emitió un comunicado en el que consideró un «error grave» la decisión y un desprecio a las decenas de miles de pensionistas firmantes. Añadió que es «un desacierto que contradice ese modelo de gobernanza cooperativa y participativa del que tanto se habla, pero que a la hora de la verdad no se practica».

También ELA criticó la decisión del Gobierno, recordando que, frente a lo dicho por Lakua, muchas personas pensionistas se quedan fuera del actual sistema de complementos de la RGI.