La Fiscalía del Tribunal Penal Internacional (TPI) imputó ayer tres cargos de crímenes contra la humanidad al expresidente de Filipinas Rodrigo Duterte por la muerte de más de 70 personas en el marco de las operaciones contra las drogas durante sus mandatos como presidente (2016-2022) y como alcalde (2013-2016).

«Duterte y sus cómplices compartían un plan o acuerdo común para ‘neutralizar’ a presuntos delincuentes en Filipinas (incluidos aquellos percibidos o presuntamente asociados con el consumo, la venta o la producción de drogas) mediante delitos violentos, incluido el asesinato», reza un escrito del tribunal con fecha del pasado 4 de julio y difundido ayer.

El exmandatario de 80 años, que se encuentra detenido en La Haya desde el pasado marzo, ha sido acusado formalmente de ser «coautor indirecto» de 19 muertes entre 2013 y 2016, cuando fue regidor de la localidad de Dávao, mientras que los otros dos cargos imputados se refieren su etapa al frente del país.

En este sentido, los fiscales relacionan a Duterte con 14 muertes de personas designadas como «objetivos de alto valor» en 2016 y 2017, y con otras 43 registradas en operaciones de «limpieza» de presuntos delincuentes entre 2016 y 2018. Estas operaciones incluyeron «miles de asesinatos, que se perpetraron de forma sistemática», afirman.

CRÍTICAS DESDE MANILA

La vicepresidenta del país e hija de Duterte, Sara Duterte, acusó horas antes al TPI de «sustraer de forma forzosa» al exmandatario en vez de facilitar que fuera juzgado en Filipinas, respaldando la postura del detenido, que asegura que el caso es «una caza de brujas».

La defensa de Duterte alegó que el expresidente filipino carece de acceso a un abogado y no es más que el objeto de una serie de medidas para «neutralizar su legado».