El primer ministro francés aplaza hasta 2028 la reforma de las pensiones
La suspensión temporal de la reforma de las pensiones anunciada ayer por Sébastien Lecornu era la condición exigida por el PS para no apoyar alguna de las mociones de censura que se votarán mañana. Lecornu advirtió que el coste económico de la decisión, deberá ser «compensado», posiblemente con «medidas de reducción de gastos».

El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, anunció ayer la suspensión hasta 2028 de la reforma de las pensiones aprobada en 2023, que era condición innegociable del Partido Socialista (PS) para no respaldar una moción de censura a su segundo Gobierno.
«Propondré al Parlamento que suspendamos la reforma de las pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales. No se aumentará la edad de jubilación desde ahora hasta enero de 2028», remarcó en su discurso de política general ante la Asamblea Nacional.
Esa suspensión significa que el progresivo aumento de la edad mínima de jubilación quedará congelado en 62 años y nueve meses hasta enero de 2028, cuando pueda tomar nuevas decisiones el presidente que sea elegido en la primavera de 2027. También se congelará el periodo de cotización necesario para cobrar la pensión completa (42 años y medio), que con la reforma iba a subir hasta los 43 años.
Ahora bien, el primer ministro macronista advirtió que «suspender por suspender no tiene ningún sentido», por lo que esta decisión deberá ser «compensada», ya que tendrá un coste para las arcas públicas «de 400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones de euros en 2027».
«Esta suspensión beneficiará en última instancia a 3,5 millones de franceses. Por lo tanto, deberá ser compensada financieramente, incluso mediante medidas de reducción de gastos», explicó, con el objetivo de evitar «un déficit mayor» y «poner en peligro la credibilidad de nuestro país, y más aún de todo nuestro sistema de pensiones». Lecornu propuso organizar una conferencia sobre pensiones y mercado laboral, de acuerdo con los interlocutores sociales, «antes de las presidenciales». Si esta conferencia llega a conclusiones, el Gobierno transpondrá el acuerdo a la legislación y el Parlamento decidirá. De lo contrario, señaló, corresponderá a los candidatos presidenciales presentar sus propuestas.
SIN DECRETOS
El primer ministro también anunció que su Gobierno no recurrirá al artículo 49.3 de la Constitución para sacar adelante leyes por decreto, como sí hicieron sus predecesores, y se mostró dispuesto a «compartir el poder con el Parlamento. Vosotros votaréis, vosotros decidiréis», invitó a los diputados.
Avanzó que va a plantear «la creación de una contribución excepcional a los ricos, que proponemos destinar a financiar futuras inversiones que afecten a nuestra soberanía», aunque sin adoptar como propia la llamada tasa Zucman que reclama la izquierda, y que gravaría con un 2% los patrimonios superiores a 100 millones de euros.
Apuntó, además, que propondrá aumentos de impuestos «específicos y excepcionales» para ciertas empresas muy grandes, mientras que llevará a cabo rebajas impositivas para distribuir mejor la carga entre los contribuyentes y mantener el control sobre las contribuciones obligatorias, «que ya son muy elevadas, para financiar nuestro modelo de redistribución en beneficio de los más pobres».
Tras el anuncio de Lecornu, el jefe del grupo de los diputados del PS en la Asamblea Nacional, Boris Vallaud, señaló que su formación se abre a negociar los presupuestos sin optar por la moción de censura. Sus votos son imprescindibles para que no salgan adelante las mociones de censura presentadas por la Francia Insumisa (LFI) de Jean-Luc Mélenchon y la ultraderechista Agrupación Nacional (RN) de Marine Le Pen, que se votarán y debatirán mañana.

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