El sistema judicial navarro se encuentra desde ayer sumido en un escándalo y una crisis de credibilidad sin precedentes. La actuación del Juzgado de Instrucción Número 1, de la Fiscalía, de la Sección Primera de la Audiencia Provincial y de la Policía española han provocado que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), con sede en Estrasburgo, condene al Estado español a indemnizar a dos iruindarras que fueron violadas tras ser sometidas a sumisión química en 2016.

El TEDH sentencia que estas jóvenes no solamente fueron víctimas de una violación, sino que después han sido víctimas también de una mala praxis del sistema judicial, que impidió que los dos sospechosos fueran juzgados. En consecuencia, nueve años después, el Estado español tendrá que abonar a estas mujeres con 20.000 euros, más otros 5.000 euros para las costas.

José Luis Beaumont, abogado de las víctimas, corroboró ayer que probablemente este sea el final del proceso judicial. Como ya avanzara en mayo de 2024 a GARA, no tiene sentido tratar de conseguir que se abra el juicio ahora, puesto que las principales pruebas de cargo desaparecieron o fueron manipuladas en la comisaría.

El abogado manifestó que las víctimas se alegraron de la noticia y que «están satisfechas con la sentencia, porque nos da la razón en todo».

El recorrido del caso es complejo. Todo parte de una noche en la que, tras conocer a unos chicos en un bar de San Nicolás, dos amigas pierden el conocimiento por «una sustancia tipo burundanga». Horas después se despiertan en un piso de Erripagaina que desconocen, no se acuerdan de nada y presentan lesiones y marcas compatibles con violaciones y maltrato físico.

DE LA DESIDIA A LA IRREGULARIDAD

El caso llega a la Unidad de Violencia y Familia de la Policía española (UFAM). Y, a partir de ahí, comienza una concatenación de actuaciones irregulares cometidas con impunidad absoluta. Los hechos más graves, que ahora constata el TEDH como verdaderos sucedieron en esa comisaría, donde se perdieron y se manipularon pruebas clave.

Por otro lado, al hecho de que la fiscal no se presentara a la toma de declaración de los sospechosos para interrogarlos (y en consecuencia salieran libres, pues nadie pidió cárcel provisional), se sumó el que la juez no llamara a las víctimas para tomarles testimonio hasta dos años después.

Fue, sin embargo, un hecho fortuito -una foto en un móvil- el que permitió que una agente de la UFAM descubriera que un compañero de esa unidad era cuñado de uno de los dos sospechosos.

El TEDH acredita que se manipularon y cercenaron vídeos de cámaras de seguridad del bar donde las víctimas perdieron el conocimiento. Que antes incluso de presentarse la denuncia alguien entró a verificar la ficha del cuñado del agente (lo que pudo servir para darle el preaviso). Que el móvil de este familiar, que como dicta el protocolo fue apagado al momento de su aprehensión, se volvió a encender en dependencias policiales para el borrado de datos.

También desapareció el análisis del contenido de ese teléfono después de que se enviara a especialistas de otra unidad. Tampoco se encontraron los diarios de trabajo de la UFAM de los días críticos de la investigación.

Junto a ello, según detalla en un escrito aclaratorio el abogado de las víctimas, «se descubrió que altos responsables policiales de Pamplona habían manipulado para cortar sus archivos y dejar vacío un disco duro externo en el que había estado copiado en origen el informe pericial luego desaparecido totalmente». Y esto sucedió después de que el tribunal les hubiera requerido que entregaran ese disco duro sin manipularlo.

La condena de Estrasburgo no va dirigida expresamente hacia la Policía, sino que entiende que todo esto sucedió ante la pasividad absoluta del Ministerio Fiscal y de la propia instructora en tanto que son quienes han de garantizar la integridad de las pruebas y, en el caso de que sucedan irregularidades como las relatadas, actuar en consecuencia, aplicando las medidas necesarias.

Sin embargo, nadie salvo el letrado de las víctimas persiguió estas irregularidades. De hecho, el agente que era familiar de uno de los sospechosos llegó a ser juzgado por este motivo. Si bien, el tribunal sentenció (no sin polémica) que no había pruebas suficientes para acreditar que él estuviera detrás de estos sabotajes.

«Durante los años en los que se prolongó la fallida investigación policial y judicial, la representante de la Fiscalía, lejos de mover un dedo en pro de la investigación y en defensa de las víctimas, se opuso sistemáticamente a la inmensa mayoría de las iniciativas de investigación que solicitaba la defensa de las dos víctimas, alineándose así impropiamente con la defensa de los dos investigados», denunció ayer Beaumont.

Tras la desaparición sistemática de pruebas, la juez instructora se negó a abrir un juicio contra los dos detenidos. Lo cual, para Estrasburgo, es un sinsentido, ya que durante la instrucción se había dado por probada que esa violación tuvo lugar y es habitual ir a juicio con solo el testimonio.

Finalmente, la Sección Primera de la Audiencia Provincial trató de enterrarlo todo ratificando la no apertura de la vista oral.

De ahí que las víctimas decidieran ir a Estrasburgo, pues se les había negado su derecho a la justicia.