Los dos socios de gobierno del PSN llamaron ayer a la comisión de seguimiento del acuerdo por el que María Chivite se convirtió en lehendakari de Nafarroa en 2023. Se trató de una reacción a la información conocida ayer de que Intervención General había puesto un reparo suspensivo a la aprobación que realizó el Departamento de Cohesión Territorial de un sobrecoste de 8,5 millones de euros para desdoblar el túnel de Belate.

Esta obra está siendo investigada en una comisión de investigación parlamentaria, pero esta se abrió a causa del modo en que se adjudicó el encargo y no por este sobrecoste. Este escándalo es nuevo.

La licitación de Belate se realizó por 62,8 millones de euros a una UTE en la que estaban Acciona y Servinabar (las dos empresas más relevantes de la presunta trama de mordidas de Santos Cerdán) y Construcciones Osés. El modo en que se puntuó fue cuestionado por tres miembros de la mesa, lo que ha centrado las pesquisas parlamentarias.

Sin embargo, al poco de comenzar las obras, se realizaron cambios y el Gobierno autorizó que el proyecto se encareciera en 8,5 millones. Es esta autorización la que ha sido paralizada por la Intervención General y ha abierto la crisis. Es un reparo suspensivo: el Gobierno no puede pagar.

A mediodía, Geroa Bai mandó un comunicado a la prensa en el que solicitaba que se reúna la comisión de seguimiento del acuerdo de Gobierno para abordar esto. Esta formación mostró su preocupación ante «la severidad» del reparo suspensivo.

«El informe cuenta con la suficiente gravedad y entidad como para ser analizado con el máximo detenimiento y rigor», señaló Geroa Bai, que destacó que no aceptará «ningún trámite que no pase por reconocer en su totalidad lo señalado por la Intervención General».

Junto a ello, Geroa Bai reclama que se diriman las responsabilidades políticas. En este sentido, mostró su preocupación por el hecho de que las informaciones difundidas en julio por el Departamento de Cohesión Territorial, dirigido por el consejero Óscar Chivite, no se corresponden con el informe de la Intervención.

Por su parte, Contigo-Zurekin también llama a ese encuentro y habla abiertamente de asunción de «responsabilidades políticas» por haber autorizado que se pagaran millones de más sin estar correctamente justificado.

Según fuentes de Contigo-Zurekin, «la información conocida en el informe de Intervención nos ha sorprendido por ser diferente de la recibida de mano del Departamento de Cohesión Territorial antes del verano y que conllevó la asunción de un sobrecoste de la obra basada en una justificación determinada, que hoy ha sido cuestionada por la Intervención General».

EH Bildu permitió la investidura de Chivite y ha pactado los presupuestos con ella, pero no forma parte de este acuerdo de gobierno.