Cuando en los 90 el abogado de Mikel Zabalza pidió al Cesid información del caso, la puerta se cerró evocando la Ley de Secretos Oficiales. No era casual; un acuerdo precisamente de 1986, un año después, había echado un manto sobre los Servicios de Información. Lo contó ayer el letrado Iñigo Iruin durante una mesa redonda en Altza.