Varios colectivos que trabajan por el derecho a la vivienda en Iruñerria han denunciado que han recibido multas por importe de 12.400 euros y que tres personas han sido encausadas por tratar de detener el desahucio de una familia vulnerable con menores en Burlata en octubre pasado. Las instituciones no deberían desahuciar a personas que no tienen cubiertas las necesidades vitales más básicas (ni reprimir a las personas solidarias). Al contrario, debería ser su prioridad atenderlas y ayudarlas en un recorrido que les posibilite mejorar su situación.