La Fiscalía Superior de la CAV ha archivado las diligencias abiertas por la administración de vacunas caducadas a cientos de menores por no observar delito, pero ha acabado dando la razón a quienes hablaban de un fallo estructural del sistema y de las resistencias de Osakidetza a proceder a la revacunación de cientos de bebés con su consecuente trascendencia pública.