Once años después del hundimiento del Prestige frente a las costas gallegas, causando la mayor catástrofe ecológica del Estado español, los tribunales absolvieron ayer a los tres únicos acusados que se sentaban en el banquillo. La única condena fue la que recibió el capitán, nueve meses de prisión por desobediencia al tardar en aceptar el remolque del navío.

El propio juez que preside el tribunal, Juan Luis Pía, ya había avanzado cuando el verano pasado el caso quedó visto para sentencia, que «hay más implicados que los juzgados» y que «hay más responsables, políticos y no políticos». Las ausencias en los banquillos han limitado la posibilidad de establecer responsabilidades, pero fue la propia Audiencia la que puso ese límite al reducir la responsabilidad del Estado al director de Marina Mercante y rehusar ampliar la querella de la asociación Nunca Máis contra ABS, la clasificadora que meses antes del accidente avaló que el petrolero era apto para navegar.

El 13 de noviembre de 2002, el Prestige, un petrolero monocasco griego con bandera de Bahamas y cargado con 77.033 toneladas de fuel, zozobró frente a las costas gallegas, derramando partes de su carga. Seis días después, durante los cuales la embarcación fue remolcada mar adentro para alejarlo de la costa, el Prestige se partió en dos y se hundió a 246 kilómetros de Fisterra (A Coruña), en una zona de 3.600 metros de profundidad.

Los vertidos anegaron casi 3.000 kilómetros de costas en el Atlántico y el Cantábrico, llegando incluso a Euskal Herria, el Estado francés y Portugal, en la que se considera la peor catástrofe medioambiental del Estado español

El proceso se abrió en noviembre del año pasado, con tan solo tres acusados. Un año después, el Tribunal Superior de Galicia, ha absuelto al capitán griego, Apostolos Mangouras, al jefe de máquinas, también griego, Nikolaos Argyropoulos, y al único responsable de la Administración española que se sentó en el banquillo, el entonces director de Marina Mercante, José Luis Lopez-Sors, del delito de «atentado contra el medio ambiente y los espacios naturales protegidos».

El estado del barco

Para el tribunal, los dos oficiales no estaban en situación de apreciar el mal estado del barco, que poseía todas las autorizaciones necesarias.

Señala que no se ha demostrado «que conocieran las deficiencias estructurales», incluso a pesar de que, según un perito, el petrolero se encontraba «en un estado tan deplorable que nunca habría debido ser autorizado a navegar».

Sostiene que «nadie sabe con exactitud cuál pudo ser la causa de lo ocurrido ni cuál debería haber sido la respuesta apropiada a la situación de emergencia». Achaca el fallo estructural del barco a las deficiencias de mantenimiento y a los análisis técnicos que no se efectuaron con debida profesionalidad. Concluye por ello que los acusados «se limitaron a asumir una navegación arriesgada en términos que no pueden ser tachados de imprudentes»

En cuanto a la decisión de alejar el barco de la costa, por la que solo respondía el responsable de la Marina Mercante, el tribunal entiende que la decisión fue correcta en una situación de emergencia porque su refugio en un puerto podría haber tenido graves consecuencias.

«Tras el asesoramiento técnico más riguroso y capaz, se tomo una decisión discutible, pero parcialmente eficaz, enteramente lógica y claramente prudente», afirma, y considera que ni aun ahora nadie sería capaz de señalar lo que se debía hacer.

En cuanto a las consecuencias que tuvo el vertido, estima que no se debió a la imprudencia, aun cuando el resultado del alejamiento no fuera el esperado.

No obstante, el capitán ha sido condenado a nueve meses de prisión por «desobediencia grave a la autoridad» por haber rechazado, en un primer momento, que el barco fuera remolcado para alejarlo de las costas, como habían ordenado las autoridades españolas. Según el tribunal el capitán antepuso las razones económicas a la emergencia. Con todo, no tendrá que cumplir la sentencia, por su edad, 78 años. La Fiscalía había pedido entre cinco y doce años de prisión paralos tres acusados.

Durante el proceso, el capitán y el armador del Prestige acusaron al Gobierno español de haber provocado el naufragio al ordenar el alejamiento del navío. «Era la peor opción. Nos transformaba en un ataúd flotante y nos enviaban al hundimiento», afirmó, Apostolos Mangouras.

Daños

Sin responsables de la catástrofe, el Tribunal Superior de Galicia rechazó los más de 4.000 millones de euros de indemnización que demandaban los Estados español y francés.

Según enumera la sentencia del tribunal presidido por Juan Luis Pía, citando fuentes oficiales, se estima que el Prestige derramó 63.000 toneladas de fuel, generando 170.700 toneladas de residuos, y unas 14.950 toneladas de fuel en los dos pecios del barco. Resultaron afectados 2.980 kilómetros del litoral costero, 1.137 playas contaminadas, 450.000 metros cuadrados de superficie rocosa impregnada de chapapote, 526,3 toneladas de fuel en los fondos de la plataforma continental, una mortalidad estimada de 115.000 a 230.000 aves marinas, todos los ecosistemas marinos afectados, y altos contenidos de HAPs26 se depositaron (un hidrocarburo aromático con compuestos cancerígenos y mutágenos) en el conjunto de especies y sedimentos. La costa afectada se extiende principalmente desde la desembocadura del río Miño hasta el Canal de la Mancha, siendo la costa gallega la más afectada. Espacios naturales de Galicia, Cantabria, Asturias y Euskal Herria resultaron dañados y oficialmente se suspendió en Galicia la actividad pesquera y marisquera hasta mayo de 2003.

Entre los responsables políticos de la época, el actual presidente del Gobierno, entonces vicepresidente, minimizó el vertido con la ya célebre comparación con «hilillos de plastilina», mientras el entonces -y hoy- ministro de Agricultura y Pesca, Miguel Arias Cañete, anunciaba que «la rápida actuación de las autoridades ha evitado una marea negra».